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Cómo fue la "Comisión Real" que investigó los abusos de la Iglesia australiana y que replicarían en Chile

Creado en 2012, este organismo se reunió con más de ocho mil víctimas y elaboró una serie de recomendaciones, donde se destaca la eliminación de la obligación del celibato en los sacerdotes.

29 de Mayo de 2018 | 08:04 | Redactado por Ramón Jara A., Emol
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George Pell, jefe de finanzas del Vaticano, acusado de cometer abusos a menores de edad.

AFP
SANTIAGO.- A dos semanas del encuentro sostenido por el Papa Francisco con los obispos chilenos en el Vaticano, en el marco de las acusaciones de encubrimiento por parte de algunos miembros de la Iglesia nacional de casos de abuso sexual, aún se espera qué decisión tomará el Pontífice respecto del futuro de los prelados, que presentaron su renuncia.

Así, mientras surgen trascendidos respecto de cuáles son las medidas a las que recurrirá el máximo líder católico y qué cambios hará al respecto, surge otra arista también importante y en la que la Iglesia deberá hacerse parte, que es la investigación de estos casos de abuso y la reparación a las víctimas.

¿Cómo se manejará ese tema? Eso aún es una incógnita, pero según publicó El Mercurio en su edición del domingo, una de las alternativas es replicar el modelo australiano, donde se creó una comisión investigadora independiente que realizó más de ocho mil entrevistas a víctimas de abuso sexual a menores de edad durante cinco años, llegando a una serie de conclusiones que se espera aplicar en el país oceánico.

La voz de las víctimas

Todo comenzó en noviembre de 2012 cuando, alerta por el gran número de abusos sexuales ocurridos en el país, la por entonces Primera Ministra Julia Gillard instauró la creación de la "Comisión Real de Respuestas Institucionales al abuso sexual infantil", llamada a investigar casos de este índole ocurridos en las últimas décadas.

Se trata de un ente autónomo compuesto por cuatro hombres y tres mujeres: dos jueces, dos abogados, un policía, un ex senador y una psiquiatra, quienes celebraron 8.013 sesiones privadas entre mayo de 2013 y noviembre de 2017, reuniéndose y entrevistando a miles de víctimas.

Asimismo, se recibieron 1.000 testimonios por escrito y se realizaron 57 audiencias públicas para establecer las responsabilidades de los organismos involucrados. Todo esto, tras recibir 42.041 denuncias telefónicas y 25.964 cartas y correos electrónicos, de acuerdo a los datos de la propia comisión.

Así, del total de víctimas entrevistadas, el 64,3% correspondió a hombres y el 35,4% a mujeres. Del mismo modo, más de la mitad de los catalogados como "sobrevivientes" por la comisión dijeron tener entre 10 y 14 años la primera vez que sufrieron los abusos.

Además, el 93,8% de los entrevistados afirmó haber sido abusado por un hombre, mientras que el 83,8% reveló que el atacante era mayor de edad. En tanto, el 36,3% aseguró haber sido víctima de múltiples abusadores.

58,6%de las víctimas sufrió abusos en una institución manejada por una organización religiosa

Respecto a dónde se perpetraron estos crímenes, la religión tuvo un rol preponderante. De acuerdo al informe, el 58,6% de las víctimas (unas 4.029) dijo haber sido abusada en una institución manejada por una organización religiosa, siendo la iglesia católica la que registró más casos, con el 61,8%. Le siguen la iglesia anglicana (14,7%), el Ejército de Salvación (7,3%) y la religión protestante (4,2%), entre otras.

"Decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en las instituciones australianas. Nunca sabremos la cifra, pero cualquiera que sea, supone una tragedia nacional perpetrada durante generaciones dentro de nuestras más respetadas instituciones", concluyó la institución.

Las recomendaciones y los resultados

La "Comisión Real" elaboró un informe final de 17 capítulos, el cual fue presentado el 15 de diciembre de 2017 y entrega diversas conclusiones y recomendaciones sobre el tema. En este sentido, responsabilizó también de estos hechos a los organismos estatales como la policía, las agencias de protección infantil y el sistema judicial en materia de prevención y persecución de estos delitos.

Es por eso que el ente concluyó implementar una estrategia nacional enfocada en la prevención de abusos y que las instituciones que trabajan con niños mantengan durante 45 años los registros de abusos sexuales ocurridos en sus dependencias.

Pero sin duda que la Iglesia católica fue la más atacada en el documento, donde se le recomendó una serie de medidas pensadas en modificar directamente la ley canónica. Una de ellas es eliminar la obligatoriedad del celibato, recalcando que si bien esto no es la causa directa del abuso, combinado con otros factores de riesgo puede ocasionar disfunciones psicosexuales y mentales.

"Para muchos miembros del clero y religiosos, el celibato es una idea inalcanzable que hace que se viva una doble vida y contribuye a una cultura del secreto y la hipocresía y esta cultura parece haber contribuido a que se soslaye la transgresión del celibato y se minimice el abuso sexual como un lapso moral perdonable", explicaba el informe.

Asimismo, el organismo independiente llamó a terminar con el secreto de confesión en casos de abusos sexuales a menores, pidiendo a sacerdotes a reportar estos hechos. De este modo, también sugirió crear un nuevo delito a quienes no informen de los abusos en un contexto institucional.

Todos estos cambios en Australia ya se han visto reflejados en algunos hechos, como el juicio contra el cardenal George Pell, jefe de finanzas del Vaticano y sindicado como el tercer hombre más poderoso de la Santa Sede, acusado de cometer abusos sexuales mientras era párroco en la ciudad de Ballarat y luego arzobispo de Melbourne.

A esto se suma la resolución de la justicia australiana contra el arzobispo de Adelaide, Philip Wilson, a quien declaró culpable de encubrir abusos sexuales a menores cometidos por el sacerdote James Fletcher en la década de 1970. Este delito lo habría cometido para "proteger la reputación de la Iglesia".

Wilson, de este modo, se convierte en el miembro de mayor rango de la Iglesia católica en ser condenado por encubrimiento. Se espera que su condena se entregue el 9 de junio, marcando así lo que podría ser una nueva era en la justicia australiana.

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