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Fiscales argentinos piden acusar a Cristina Fernández por 913 hechos de corrupción

Los persecutores apelaron a la resolución del juez Claudio Bonadio, quien decidió procesar y ordenar prisión preventiva para la ex Mandataria por 27 hechos.

24 de Septiembre de 2018 | 14:57 | Redactado por Ramón Jara A., Emol
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EFE
SANTIAGO.- Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron este lunes a la justicia de Argentina acusar a la ex Presidenta Cristina Fernández de 913 hechos de corrupción, en el marco de la investigación de los llamados "cuadernos de las coimas", relativo al pago de millonarios sobornos a los gobiernos kirchneristas de parte de empresas del rubro energético y de la construcción.

Los persecutores apelaron a la resolución del juez Claudio Bonadio, en la que decidió procesar a 42 personas (incluida Fernández) acusadas de integrar una asociación ilícita.

En la apelación, los fiscales le solicitaron al magistrado que extienda la imputación a Fernández por 913 cargos, aludiendo a su presunto rol de jefa de la trama delictiva, según informó Clarín. La semana pasada, Bonadio acusó a la ex gobernante de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo en cinco, por lo que pidió su prisión preventiva, la que de todos modos quedó condicionada al desafuero de la también senadora.

En ese sentido, Stornelli y Rívolo indicaron que "Cristina Elisabet deberá responder en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades".

Asimismo, los fiscales también solicitaron que se considere como "organizadores" de la asociación ilícita a los empresarios Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra, el financista Ernesto Clarens y el ex secretario de Obras Públicas José López, ya que "realizaron mayores aportes a la obra delictual, resultando ser elementales y más relevantes con relación a los cometidos por los demás miembros".

Del mismo modo, pidieron el procesamiento y la prisión preventiva de los empresarios Alejandro Ivanissevich, Manuel Uribelarrea, Banjamín Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian y Enrique Pescarmona.

Ellos, afirmaron los persecutores, "convergieron, junto a funcionarios públicos del más alto nivel, en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el Juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".
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