Manifestantes han salido a las calles para protestar contra de decisión del Presidente de poner fin a la Cicig.
AP
GUATEMALA.- La Corte de Constitucionalidad guatemalteca, como máximo tribunal del país, suspendió hoy la decisión del Presidente, Jimmy Morales, de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el Gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La decisión de los magistrados fue por mayoría, tras nueve horas de sesión iniciada a las 20:00 hora local del martes (11:00 horas en Chile). La única voz en contra fue la de la magistrada presidenta de la Corte, Dina Josefina Ochoa, quien presentó un voto razonado disidente a ocho amparos que buscaron detener la salida anticipada de la Comisión Internacional.
El tribunal constitucional exhortó a las autoridades -además de Morales, la canciller, Sandra Jovel, y el Congreso- a que "en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig".
La decisión, añadió, "debe ser publicada de manera inmediata en el Diario Oficial", tal y como sucedió con el acuerdo gubernativo 2-2019 que publicó este martes el Ejecutivo para dar fin de forma "inmediata" al acuerdo de establecimiento de la Cicig.
Morales canceló el mandato de la Cicig este lunes, acusando al grupo internacional de poner en peligro la seguridad nacional y de supuesta "violación grave" de las leyes nacionales e internacionales. Su anuncio llegó después de que el año afirmara que no renovaría el acuerdo, que termina en septiembre 2019.
La medida informada esta semana le valió duras críticas en su país y en la comunidad internacional al considerarse que la decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación centroamericana. Decenas de manifestantes salieron a de mostrar su descontento en las calles.
La Cicig es un organismo de la ONU que investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción dentro del estado guatemalteco. La comisión opera desde hace más de una década en el país, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas, entre ellos varios altas autoridades, jueces e importantes empresarios.
En 2017 el Mandatario guatemalteco fue acusado por la fiscalía y la Cicig de ocultar información relacionada al financiamiento electoral de su candidatura en 2015. La denuncia fue desestimada, pues el Congreso se negó a quitarle al Presidente su inmunidad.
En 2018, no obstante, la Cicig y el Ministerio Público presentaron una nueva acusación en contra de Morales, esta vez por financiamiento ilícito de campañas.
