La polémica pregunta por nacionalidad en el censo de EE.UU. que enfrenta a demócratas y republicanos

La reincorporación de este punto, que fue evitado por más de 60 años, fue iniciativa del secretario de Comercio, Wilbur Ross, y se cree que podría significar una subestimación en la población, ya que muchos evitarían participar en la consulta.

23 de Abril de 2019 | 10:05 | AFP/ Editado por Diego Gaete, Emol

El caso será revisado por la Corte Suprema, actualmente de mayoría conservadora.

Reuters
El Gobierno de Donald Trump y la oposición se enfrentarán este martes en la Corte Suprema por la controvertida pregunta sobre la nacionalidad en el próximo censo en Estados Unidos.

El tema parece meramente técnico, pero sus implicancias son enormes: el censo, que debe hacerse cada diez años según la Constitución nacional, es clave para el reparto de unos 675.000 millones de dólares en subvenciones federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en marzo de 2018 la reincorporación de una pregunta sobre la nacionalidad, abandonada hace más de sesenta años, en los formularios para el censo de 2020.

US$675.000 millones se reparten gracias al censo

Esta decisión suscitó inmediatas protestas de los demócratas y de los defensores de los inmigrantes, que estiman que esa pregunta intimidará a los extranjeros en situación irregular y podría generar una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, generalmente dirigidos por los demócratas.

Una veintena de estados, como California o Nueva York, y numerosas grandes ciudades, entre ellas San Francisco y Chicago, denunciaron la nueva versión del censo.

Temen, por ejemplo, recibir menos subvenciones que las que les correspondería por su nivel real de población.

Un juez federal de Nueva York les dio razón en enero en un fallo en el que considera que Wilbur Ross "no tuvo en cuenta importantes aspectos" del problema y "actuó irracionalmente".

Otros dos tribunales, de California y Maryland, se pronunciaron posteriormente en el mismo sentido.

Urgencia

El Gobierno de Donald Trump solicitó entonces a la Corte Suprema que interviniera en el asunto de manera urgente, incluso antes de que se pronunciaran los tribunales de apelaciones.

La máxima instancia judicial -de mayoría conservadora- aceptó y escuchará este martes los argumentos del Gobierno y de sus detractores, incluida la Cámara de Representantes, controlada desde enero por los demócratas.

Se tratará de la audiencia de mayor peso político desde la incorporación a la Corte, en octubre, del juez conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento realizado por Trump que desequilibró al tribunal supremo en perjuicio de los progresistas (cuatro sobre nueve).

Según los observadores, los magistrados deberían pronunciarse antes de junio para que los formularios del censo puedan ser impresos a tiempo.

Uno de los temas del debate son las intenciones de Wilbur Ross, ya que durante las audiencias públicas realizadas en 2018, el secretario de Comercio dijo que su decisión de ajustar la pregunta sobre la ciudadanía obedeció a un pedido del Departamento de Justicia, que pretendía, según dijo, obtener datos más precisos para hacer respetar las leyes electorales.

Luego quedó claro que fue el propio Ross quien pidió a su par de Justicia que formulara esa demanda.

"Subterfugio"

La oficina del censo había además advertido a Ross a comienzos de 2018 sobre las consecuencias negativas de su idea. Sus expertos estimaron entonces en al menos 1,6 millones de personas que se abstendrían de participar en el censo si se les preguntara por su nacionalidad.

Luego revisaron esos cálculos y elevaron la cifra a 6,5 millones de personas, sobre una población total de 320 millones, según documentos judiciales presentados a la Corte Suprema.

"El secretario de Comercio admite la posibilidad de una subestimación", pero considera que "deriva de una conducta ilegal", escribió el gobierno para justificar la iniciativa de Ross.

La poderosa asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció un "subterfugio" destinado a "cubrir el verdadero objetivo" del gobierno, es decir "reducir el peso político de las comunidades atacadas por la administración Trump desde su llegada al poder".

El Presidente, que hizo de la lucha contra la inmigración clandestina uno de los puntos fuertes de su gestión, defendió el agregado de la "pregunta esencial sobre la ciudadanía" de los interrogados en el formulario.

Sin ella, tuiteó a comienzos de abril, el censo "perdería toda significación y ello equivaldría a despilfarrar miles de millones de dólares (ridículo)".

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