Perú amaneció este martes sumido en la incertidumbre, luego de que el Presidente Martín Vizcarra disolviera el Parlamento unicameral, dominado por el fujimorismo (oposición), que respondió suspendiéndolo del cargo por "incapacidad moral" y nombrando como presidenta a Mercedes Aráoz, la vicepresidenta.
Ninguna de las partes reconoce a la otra y tanto la oposición como el oficialismo defienden sus decisiones aludiendo a la legislación. Todo parece indicar que la disyuntiva legal que plantea este incierto escenario terminará en las manos Tribunal Constitucional, que, paradójicamente, fue la causa que terminó llevando a la disputa política. Pero, ¿qué dice la Constitución y qué ha pasado en otros países en situaciones similares?
¿Es constitucional?
La crisis se desató luego de que el Gobierno presentara una moción de confianza en el Congreso, para detener la elección de un nuevo magistrado para el Tribunal Constitucional. Según consideró el Ejecutivo, los parlamentarios estaban llevando a cabo un procedimiento "acelerado" y "poco transparente".
Pese a la moción, los legisladores desafiaron a Vizcarra y realizaron la elección. Ante ello, el Presidente consideró que con este actuar los congresistas estaban procediendo en
una "denegación fáctica de la confianza" por segunda vez en su administración, lo que le permitía poner fin a la gestión parlamentaria. Esto, pese a que más tarde dieran formalmente, en otro trámite, su respaldo a la propuesta gubernamental.
El Mandatario hizo directa alusión al artículo 134 de la Constitución, que establece que "el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros". Tras ello, tal como señala la ley, convocó a nuevos comicios el 26 de enero de 2020.
La decisión generó la ira de los diputados opositores, que denunciaron que el proceso era ilegítimo y acusaron a Vizcarra de concretar un "golpe de Estado". Sin embargo, la especialista en Derecho Constitucional, Gabriela Oporto Patroni, no concuerda.
"Yo no creo que se trate de una infracción constitucional porque estamos en un terreno de interpretación que la Constitución deja libre"
Gabriela Oporto Patroni
"La Constitución es interpretada no solo por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial (…) También es interpretada por los actores políticos y, en ese sentido, el Presidente ha interpretado que si la cuestión de confianza se debatía después de la elección de los magistrados al TC, iba a considerar que se la estaban negando.
Yo no creo que se trate de una infracción constitucional porque estamos en un terreno de interpretación que la Constitución deja libre", explicó la abogada a RPP.
Sin embargo, un grupo numeroso de constitucionalistas señala, por el contrario, que el gobernante no debió dar por negado el pedido de confianza, pues a pesar de que el Congreso mantuvo la elección del TC, luego aceptó el pedido del Ejecutivo.
La vacancia
Paralelamente al anuncio de Vizcarra, en el Congreso se tramitaba una medida que dejaría en completo caos la institucionalidad peruana. Desoyendo la disolución mandada por el Presidente, y pese a la ausencia de casi cincuenta diputados, la facción fujimorista aprobó una resolución para "suspender" por "incapacidad moral" a Vizcarra, "por propiciar la ruptura del orden constitucional". En su lugar, los legisladores nombraron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones".
La decisión, refrendada por 84 diputados de un total de 130,
también ha sido cuestionada por los analistas legales, debido a que no fue sometida al procedimiento correspondiente, además de que la aprobación ocurrió después de que Vizcarra anunciara la disolución del Congreso. Las decisiones parlamentarias son
"como los frutos de un árbol que ya están podridos", consideró
César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en entrevista con The Associated Press.
El artículo 89 de la normativa del Congreso de Perú consigna que cuando un Presidente es sometido a un procedimiento de petición de vacancia por su "permanente incapacidad moral o física", la sesión de votación "no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo". De forma excepcional, se dará espacio a la elección si es que "cuatro quintas partes del número legal de Congresistas” acuerda fijar una audiencia inmediata.
Pedro Olaechea, presidente fujimorista del disuelto Congreso, dijo este martes que envió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) para denunciar a Vizcarra y admitió, en conversación con la radio colombiana Blu, que será un "tema legal, largo, tedioso y delicado" definir quién es el Presidente de Perú.
Otros casos
Pero el país vecino está lejos de ser el único que, debido a las posibilidades que le otorga su Constitución al Congreso, ha enfrentado situaciones de juicio político o "vacancia presidencial". El más reciente es Venezuela, sumida en una profunda crisis política y económica.
La situación se desató cuando Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por la oposición y declarada en desacato por el gobierno chavista, desconoció la reelección de Nicolás Maduro, denunciando irregularidades en los comicios. Acto seguido, se proclamó, ante una multitud, como nuevo Presidente "encargado" del país. Aunque fue reconocido por al menos 50 países, sus intentos reiterados de arrebatarle el poder de facto a Maduro no han tenido éxito.
En 2016, el Congreso de
Brasil despojó de sus funciones a la entonces segunda vez Presidenta,
Dilma Rousseff, por violar las normas fiscales y maquillar el déficit presupuestal.
En su caso sí se llevó a cabo un largo juicio político en el Parlamento, que terminó con la destitución de la Mandataria petista tras cinco años y medio de gestión, y con su vicepresidente, Michel Temer, en el poder.
Quien podría ser sometido un juicio político es el Presidente estadounidense, Donald Trump, quien tras una polémica conversación telefónica con su par ucraniano ha sido puesto en jaque por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.
