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Santiago: Miércoles 24 de abril del 2024 | Actualizado 18:55
Los bolivianos acuden a las urnas para elegir presidente. El izquierdista Evo Morales, primer jefe de Estado indígena en Bolivia y en el poder desde hace 13 años, busca un cuarto mandato, pese a que esa posibilidad fue rechazada en un referéndum en 2016, antes de ser avalada por la justicia.
El expresidente (2003-2005) centrista Carlos Mesa aparece como el candidato en carrera para enfrentarlo en una eventual segunda vuelta.
En la noche de la elección, Morales lidera el conteo con el 45,28% de los votos frente a Mesa (38,16%), pero los números pronostican una segunda vuelta, algo sin precedentes en la carrera del presidente, con el 84% del escrutinio.
Para evitar un balotaje, el candidato principal debe obtener una mayoría absoluta o al menos el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.
La oposición y los observadores internacionales critican el lento ritmo de las autoridades para proporcionar el resultado final, temiendo un posible fraude.
Se inician manifestaciones en las calles.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorga el 46,4% de los votos a Morales, contra 37,07% para Mesa, con el 95,63% del conteo realizado. La brecha se acerca a los 10 puntos necesarios para ganar en primera ronda. Mesa denuncia "fraude".
En varias regiones estallan incidentes violentos, que incluyen incendios, enfrentamientos con la policía y saqueos.
Manifestantes queman tres oficinas regionales del TSE en Potosí (suroeste), Sucre (sur) y Cobija (norte).
Organizaciones ciudadanas convocan a una huelga general por tiempo indeterminado.
Morales denuncia que "está en proceso un golpe de estado", por parte de la derecha boliviana, con apoyo internacional.
La huelga, replicada en todo el país, es salpicada de incidentes entre partidarios de ambos lados.
Tras los resultados finales, Morales es declarado oficialmente ganador con el 47,08% de los votos frente a 36,51% de Mesa.
La oposición, la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia y Argentina demandan un balotaje.
Los bloqueos de calles y enfrentamientos continúan.
Morales descarta cualquier "negociación política".
La protesta se intensifica con numerosos bloqueos y enfrentamientos con la policía o entre simpatizantes y opositores de Morales.
Comienza una auditoría de la OEA sobre el recuento, solicitada por el gobierno pero rechazada por la oposición.
Luis Fernando Camacho se erige como el rostro más visible y radical de la oposición, al llamar al ejército y la policía a "ponerse del lado de la gente" e instar al presidente a renunciar.
Morales llama a las fuerzas armadas a "servir al pueblo boliviano" manteniéndose cerca de su gobierno.
Mesa exige que se celebre una nueva votación.
Tienen lugar violentos enfrentamientos en Cochabamba y bloqueos en otras partes del país.
En Vinto (centro), manifestantes prenden fuego el ayuntamiento y obligan a la alcaldesa a caminar descalza por el pueblo, cubierta de pintura roja, bajo insultos y amenazas.
Tres unidades policiales se amotinan en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Se observan escenas de fraternización entre policías y manifestantes en La Paz y la rebelión se extiende a otras regiones del país.
Morales denuncia un golpe de Estado "en curso", pero el gobierno descarta una operación militar contra los amotinados.
Morales anuncia que convocará "nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a nuevas autoridades".
Poco antes, al dar a conocer el informe preliminar de su auditoría, la OEA había exigido la anulación de las presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios. La organización aseguró haber encontrado varias "irregularidades" en su análisis de los comicios.
Dos ministros y el presidente del Congreso renuncian después de que sus partidarios sean atacados por partidarios de la oposición.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas y la Policía instan a Morales a dimitir.
Finalmente, desde su región natal en el centro de Bolivia, Morales anuncia su renuncia después de casi 14 años en el poder.
Posteriormente, el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien debía suceder a Evo, también dejó el cargo. Asímismo, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien seguía en la línea de suceción, también renuncia.
