Una noche de enero de 1996, Higgs invitó a tres mujeres jóvenes a su apartamento cerca de Washington, con dos amigos. Después de que una de las chicas rechazara sus avances, él se ofreció a llevarlas a casa, pero, en lugar de ello, se detuvo en una reserva natural federal. Según el Departamento de Justicia, en ese lugar aislado ordenó a uno de los hombres que lo acompañaba que disparara a las tres víctimas.
En 2000, fue condenado a muerte por secuestro y asesinato. El autor de los disparos fue sentenciado a cadena perpetua. "Es arbitrario e injusto castigar al Sr. Higgs más que al asesino", dijo su abogado, Shawn Nolan, en una solicitud de clemencia dirigida a Trump a finales de diciembre.
Pero el Presidente republicano, no accedió a su petición. Por el contrario, su administración actuó ante la justicia para poder realizar la ejecución antes de que abandonara la Casa Blanca el próximo miércoles.
Las ejecuciones estuvieron paralizadas por 17 años
Desde que Donald Trump reanudara las ejecuciones, hace seis meses, 12 personas han recibido inyecciones letales en Terre-Haute. Incluso, por primera vez en casi 70 años, una mujer fue ejecutada el martes a pesar de las dudas sobre su salud mental.
"Nunca hubo tantas ejecuciones federales en un plazo de tiempo tan corto", señala Richard Dunham, el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington. "La cifra más alta de civiles ejecutados por las autoridades federales era de 16, en 1896", frente a las 13 realizadas en los últimos seis meses.
Con la ejecución de Higgs, seis condenados sufrieron la pena capital desde la victoria de Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre, un hecho inédito, añade Dunham. "Históricamente, los presidentes que terminan su mandato se centran en los indultos y en las conmutaciones de pena", recuerda. Antes de Trump, ningún mandatario saliente "utilizó su poder discrecional para matar a gente en lugar de indultarla".
Según Richard Dunham, el perfil de los condenados refleja problemas recurrentes en la aplicación de la pena capital en Estados Unidos, con una sobrerrepresentación de los afroamericanos (siete de los 13). Además, dos de los ejecutados tenían graves deficiencias intelectuales, dos sufrían problemas mentales y dos acababan de alcanzar la mayoría de edad en el momento de su crimen.
Joe Biden, que asumirá como Presidente el miércoles 20 de enero, se opone a la pena de muerte y ha prometido trabajar con el Congreso para tratar de abolirla a nivel federal. Es más, los congresistas demócratas presentaron el lunes un proyecto de ley a tal efecto, que tiene posibilidades de ser aprobado ya que el partido recuperó el control del Senado.
