La toma del poder por los militar en Burkina Faso, anunciado por el mismo Ejército este lunes, es inquietante pero no inesperado, ya que el derrocamiento del Presidente, Roch Kaboré es el cuarto golpe en África Occidental en los últimos 17 meses, impulsados por la preocupación sobre la incapacidad de lidiar con la creciente violencia yihadista en la región.
La noche del domingo 23 de enero, una serie de motines simultáneos fueron registrados en diversos puntos del país. Aquellos eran realizados por las Fuerzas Armadas de Burkina Faso, quienes al otro día y luego de 6 años en el poder, decidieron realizar un golpe de Estado al Gobierno de Roch Kaboré, motivados por el hecho de que el Presidente no pudo contener la violencia islámica tal como prometió.
Meses de tensión y protestas en Burkina Faso culminaron con ese golpe militar el lunes 24 de enero. Sin embargo, la crisis política se añade a un contexto frágil marcado por un conflicto con un deterioro dramático de la seguridad y un aumento del desplazamiento de población vertiginoso. Esta situación ha dejado a muchas personas luchando por encontrar alimentos, agua, refugio y atención médica.
Desde la organización Médicos Sin Fronteras han evidenciado una serie de consecuencias que han derivado de la crisis política en Burkina Faso, las cuales se acrecentarían ahora con el golpe de Estado. Entre ellas destacan que: más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares; la comida y el agua escasean; el conflicto está teniendo un gran impacto físico y psicológico; y que llegar a un hospital es un desafío, pues proporcionar atención médica es un riesgo.
Abandono de sus hogares
Durante más de una década, la región central del Sahel, principalmente Malí, Níger y Burkina Faso, ha sido escenario de conflictos entre varios grupos armados y fuerzas gubernamentales e internacionales. En 2021, el país liderado por Roch Kaboré se convirtió en el principal foco de violencia de la región, con un fuerte aumento de los secuestros y de los ataques, como el acontecido en Solhan en junio, cuando murieron 160 personas.
Por ello, según la ONU, más de 1.5 millones de personas en un país de 20 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, la mayoría en los últimos tres años; a finales de 2018 había alrededor de 50.000 personas desplazadas. La mayor parte de estos movimientos de población se han producido en las regiones de Sahel, Centro-Norte y Este, pero el conflicto está afectando progresivamente a zonas que antes se consideraban estables.
La comida y el agua escasean
El impacto del conflicto en la población local se ha vuelto cada vez más pronunciado. Más allá de los efectos directos de la violencia física, muchos también han perdido sus hogares y medios de subsistencia. Para las comunidades rurales, huir del hogar significa perder las cosechas y el ganado.
Durante la próxima temporada, muchas personas no podrán sembrar o cosechar ningún cultivo. Muchos de ellos dependen de la agricultura y la ganadería para alimentar a sus familias, por lo que la disponibilidad de comida es un motivo de gran preocupación. Por ello, Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras organizaciones están distribuyendo alimentos y tratando a niños con desnutrición.
1.5 millonesde personas han visto obligadas a abandonar sus hogares en Burkina Faso, según la ONU.
En los campos de desplazados, las condiciones de vida suelen ser precarias, con tiendas inadecuadas para la estación lluviosa, con un saneamiento rudimentario y con insuficiente agua potable. Las personas en estos campos nos dicen que a menudo tienen que caminar varios kilómetros y luego esperar varias horas para obtener suficiente agua para beber, cocinar y lavar.
Burkina Faso es un país sin salida al mar, con precipitaciones limitadas y la disponibilidad general de agua está disminuyendo debido al cambio climático. Si bien las comunidades locales hacen todo lo posible para albergar a la gran cantidad de personas desplazadas, el aumento de la demanda de agua está provocando una escasez generalizada.
Impacto físico y psicológico
Además de necesitar tratamiento para las lesiones físicas causadas por los ataques, muchas de las víctimas sufren un impacto psicológico al haber visto a personas asesinadas frente a ellos, sus casas y cultivos quemados, sus posesiones y medios de subsistencia reducidos a la nada.
Las precarias condiciones de vida exponen a la gente a un alto riesgo de contraer enfermedades, incluidas dolencias endémicas como la malaria, una enfermedad que sufrieron 11 millones de burkineses en 2020. Las condiciones de hacinamiento aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades infecciosas del tracto respiratorio, mientras que el saneamiento deficiente y la escasez de agua disparan el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua como la diarrea y el cólera.
Falta de alimentos, agua, refugio y atención médica
Las personas necesitan más alimentos, más agua y un mejor acceso a la atención médica en todas las regiones actualmente afectadas por el conflicto en Burkina Faso. Sin embargo, hay un déficit en la provisión de asistencia humanitaria que se debe a una serie de factores, incluidos la falta de financiación y, sobre todo, la inseguridad.
Los niveles extremos de inseguridad impiden a menudo a la gente moverse para visitar un médico, mientras que muchas otras personas no pueden pagar el transporte hasta el hospital. Al mismo tiempo, la inseguridad impide en ocasiones que los trabajadores de la salud que lleguen a las comunidades necesitadas.
Hoy, los equipos médicos y humanitarios afrontan riesgos en Burkina Faso. Organizaciones y desde el Ministerio de Salud, han sido atacados y, en ocasiones, secuestrados. Han robado ambulancias y se han destruido centros de salud. En algunos lugares, se han colocado artefactos explosivos improvisados en las carreteras, lo que hace que viajar sea potencialmente letal.
Debido a estos peligros, se ha visto una reducción significativa en el número de parteras del Ministerio de Salud en la región Este y se han clausurado centros de salud en la región del Sahel tras ataques contra el personal médico. Según la misma entidad sanitaria, en junio de 2021, 357 establecimientos de salud en todo el país estaban cerrados o no estaban en pleno funcionamiento como resultado de la violencia.
Hay una escasez de médicos especialistas, incluidos cirujanos, anestesistas y parteras, en todas las zonas de Burkina Faso afectadas por la violencia.
