Aníbal Torres habla ante el Congreso peruano.
EFE
El gabinete de ministros de Perú, que preside Aníbal Torres, recibió este miércoles el voto de confianza del Congreso, horas después de que la oposición parlamentaria presentara una moción para destituir al Mandatario Pedro Castillo, por segunda vez desde que asumió el poder en julio de 2021.
Tras una
sesión plenaria que se extendió más de nueve horas, el gabinete de Torres obtuvo por un estrecho margen la aprobación del hemiciclo peruano con
64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones.
Los votos contrarios a la confianza del gabinete vinieron principalmente de los grupos más conservadores de la Cámara, dominada por la oposición.
Fuerza Popular (fujimorismo), Avanza País (ultraliberal) y Renovación Popular (extrema derecha) se opusieron en bloque a la investidura, una posición que compartieron con nueve congresistas de Alianza para el Progreso, tres no agrupados, dos de Acción Popular, dos de Somos Perú y uno de Podemos.
Las únicas dos abstenciones fueron de Alianza para el Progreso, mientras que el resto de parlamentarios apoyaron el plan de gobierno,
a pesar de los serios cuestionamientos a ciertos integrantes del gabinete de Torres, en especial del ministro de Salud, Hernán Condori, cuya censura se debatirá el jueves en el Congreso.
Durante el debate parlamentario, las críticas más severas de la oposición respondieron a la supuesta falta de capacidad de Castillo en la designación de sus ministros, y los presuntos vínculos del Mandatario y otros altos funcionarios con actos de corrupción.
Con el voto de investidura, el Parlamento dio luz verde a la continuidad del nuevo gabinete designado por Castillo, el quinto presidente de Perú desde 2018, cuya gestión ha sido turbulenta desde su inicio.
En un lapso de poco más de siete meses, el líder izquierdista ya acumula cuatro gabinetes, aunque el tercero no llegó a pedir la confianza al Congreso porque quien lo encabezaba, el congresista Héctor Valer, renunció a los pocos días de asumir el cargo por las denuncias en su contra de presunta violencia familiar.
La tensión política se recrudeció la semana pasada con la renuncia de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones, mientras el Parlamento debatía un pedido para su destitución.
Silva había sido implicado junto con Castillo y otros funcionarios en un presunto caso de corrupción tras hacerse públicas unas declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Fiscalía.
López, quien ha pedido acogerse al beneficio de la declaración premiada, denunció una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo, algo que Castillo rechazó "tajantemente" y acusó ser parte de un plan de un sector de la oposición para sacarlo del poder.
Las denuncias de López figuran entre las 20 razones que incluye la moción de destitución presidencial por "incapacidad moral permanente" que presentó este mismo martes la oposición parlamentaria.
En esta iniciativa legislativa, que por ahora cuenta con 50 firmas y está pendiente de ser o no admitida a trámite, también menciona la designación de ministros cuestionados, la existencia de un gabinete en la sombra y el supuesto tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares, entre otros.
De aprobarse esta solicitud, Castillo o su abogado defensor deberán presentarse en los próximos días ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra.
La oposición ya intentó impulsar a fines del año pasado una moción de vacancia contra el Presidente, pero no prosperó por no conseguir los 52 votos para ser admitida a trámite en el pleno de la Cámara.
