La directora del Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI), Paz Esteban, reconoció que la agencia había intervenido los teléfonos celulares de "algunos" de las decenas de políticos supuestamente afectados por un escándalo de espionaje, pero aclaró que lo hizo con la debida autorización judicial, según informaron este jueves diputados españoles.
Gabriel Rufián, miembro del partido independentista catalán ERN, hizo la revelación tras participar de una reunión a puertas cerradas con la jefa de inteligencia, quien compartió con un grupo selecto de legisladores.
El escándalo comenzó tras la divulgación de un informe reciente del grupo defensor de los derechos digitales Citizen Lab, con sede en Canadá, sobre el uso del controvertido programa Pegasus en España dice que se utilizó para espiar a decenas de independentistas en la región de Cataluña.
Ante preguntas de la Associated Press, el Ministerio de Defensa, del cual depende el CNI, se negó a hacer declaraciones sobre la reunión con la directora Paz Esteban porque se considera que el contenido es confidencial. Pero importantes medios españoles coincidieron en informar que la directora había mostrado a la comisión las autorizaciones judiciales para intervenir los teléfonos de los separatistas catalanes.
Rufián dijo que el CNI reconoce el espionaje, pero dice que "está en mucha menos gente de la que se había publicado por Citizen Lab".
En cuanto al resto de los más de 60 políticos, abogados y activistas mencionados por Citizen Lab como blancos del espionaje, la directora del CNI señaló dos posibilidades: "una nación extranjera u organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales".
La reunión tuvo lugar en una sala del Congreso.
Los separatistas catalanes habían acusado al CNI del espionaje que salió a la luz hace dos semanas cuando se difundió el informe de Citizen Lab.
El Gobierno español ha dicho reiteradamente que el CNI no puede intervenir teléfonos sin autorización judicial. Al mismo tiempo, el Ejecutivo remarcó que la ley que protege el secreto de las actividades del CNI le prohíbe confirmar si posee Pegasus, el programa vendido por la empresa israelí NSO Group.
Representantes del gobernante Partido Socialista y del opositor Partido Popular dijeron al cabo de la reunión que estaban satisfechos con las explicaciones de Esteban; en cambio Rufián no fue el único que exigió nuevas medidas.
Albert Botran, uno de los políticos que según Citizen Lab fue víctima del espionaje, exigió que se dé a conocer públicamente toda la información porque afecta derechos fundamentales.
El Gobierno español ha prometido que el CNI y la defensoría del pueblo investigarán el informe de Citizen Lab.
