La trama del vuelo sospechoso que llegó a Argentina con iraníes a bordo se inició el domingo 5 de junio, cuando el Boeing 747 de la empresa estatal venezolana Emtrasur despegó desde Ciudad de México con destino al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Debido a las alertas que rigen sobre la aeronave, y luego de un intento fallido de aterrizar en Uruguay, la aeronave permanece en la estación aérea.
Un Boeing 747 de la empresa estatal venezolana Emtrasur –comprado recientemente a una firma iraní- despega de Ciudad de México con una carga declarada de repuestos y hace escala en Caracas para luego dirigirse a Argentina.
Tras ingresar al espacio aéreo argentino, desde la aeronave piden desviarse a Córdoba "por condiciones adversas en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), debido a la niebla". A las 12:12 aterriza en esa provincia y dos horas más tarde vuelve a despegar hacia la capital.
Al arribar a Ezeiza, la tripulación presenta un plan de vuelo para despegar a las 16:00, pero lo mueve a las 17:00 primero y después a las 18:30. No puede hacerlo por falta de combustible. Las petroleras que operan en el aeropuerto se niegan a abastecer al avión sospechoso.
Vuelve a cambiar el plan de vuelo para salir hacia Uruguay a las 15:00. Despega a las 14:45, pero al llegar al espacio aéreo de ese país le rechazan el ingreso y debe regresar a Ezeiza.
A las 15:45 aterriza nuevamente en Argentina. Desde entonces, permanece en la zona de cargas del aeropuerto internacional de Ezeiza.
Llamó la atención desde un primer momento que en el avión viniera una tripulación de 19 personas, 14 venezolanos y 5 iraníes. Es un número demasiado grande para un vuelo de carga. El nombre más llamativo fue el del brigadier Gholamreza Ghasemi, que según el propio Gobierno argentino terminó por reconocer una semana después del aterrizaje que fue miembro de la Guardia Revolucionaria iraní. Además fue directivo de una compañía aérea sospechada de haber traficado armas a Líbano.
La presencia de este personero encendió las alarmas en Argentina, considerando que desde 2007 el país vecino está buscando la captura internacional con fines de extradición de cinco funcionarios iraníes, incluyendo al actual ministro del Interior Ahmad Vahidi, por su presunta participación en el atentado contra la mutual judía AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y donde murieron 85 personas.
Es un Boeing 747 operado durante los últimos 15 años por la compañía iraní Mahan Air, con las matrículas EK-74713 y EP-MND. Estados Unidos considera a la línea aérea como un brazo logístico de la fuerza Quds, división de elite de la Guardia Revolucionaria de Irán. En febrero, la nave fue adquirida por la venezolana Emtrasur, que es parte del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa). Se trata de una empresa sancionada en Estados Unidos desde febrero de 2020. Entró al país con la matrícula YV3531.
El avión de Emtrasur hizo un viaje sospechoso el viernes 13 de mayo a Ciudad del Este, Paraguay, para recoger un cargamento de cigarrillos de la empresa Tabesa. Llevaba 18 tripulantes, algo que llamó la atención de las autoridades y también de medios de comunicación. Estuvo hasta el lunes 16, antes de volver a Caracas. El gobierno paraguayo dijo que después del despegue recibió información de Estados Unidos sobre los vínculos sospechosos de la empresa y que retransmitió la alerta a los servicios de inteligencia de la región, incluido el de Argentina. En las semanas siguientes le denegó dos veces al mismo avión el permiso para aterrizar en Asunción.
Las autoridades argentinas solo intervienen para trámites administrativos hasta el miércoles 8, cuando el avión vuelve rebotado de Uruguay. En su aterrizaje previo, el lunes 6, la Aduana constata la carga de autopartes declarada por la tripulación (y es entregada al cliente). La tripulación hace los trámites migratorios correspondientes, sin ningún inconveniente. El miércoles, cuando el vuelo regresa de su intento fallido de llegar a Uruguay, se hace otra revisión del avión y lo que quedaba de la carga. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se suma al operativo y hace intervenir a especialistas en lucha contra el terrorismo de la Policía Federal. Migraciones vuelve a actuar: les da un permiso provisorio de estadía a los iraníes y les retiene el pasaporte, mientras se investigan las razones del viaje. Se les aclara que pueden irse del país, si lo solicitan, en un vuelo de línea. Los venezolanos ingresan sin inconvenientes por ser ciudadanos del Mercosur.
El viernes 10 el caso toma estado público. Y el sábado llega a la Justicia, cuando el abogado Rafael Resnick Brenner presenta un hábeas corpus en favor de los iraníes. Al día siguiente, el juez Federico Villena resuelve negativamente, al afirmar que los aludidos no tienen restricción de movimiento. Finalmente, el lunes Villena dispone retenerles por 72 horas los pasaportes, tiempo durante el cual no podrán salir del país. Ordena a la PSA que informe de cualquier movimiento que se produzca en el avión. Al mismo tiempo, acepta como querellante en la causa a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
