A 10 días de su inicio, las protestas indígenas se han tomado buena parte de las calles de
Ecuador, y de momento no se ve una salida al conflicto.
La situación ha empeorado con diversos hechos de violencia, destrozos a entidades públicas y privadas, decenas de heridos y al menos dos muertos, agudizando la tensión entre los manifestantes y el Gobierno, mientras los llamados al diálogo se multiplican.
Las manifestaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y a las que se han sumado estudiantes y trabajadores, denuncian el "alto costo de la vida" en la dolarizada economía ecuatoriana, que intenta recuperarse de los efectos de la pandemia en medio de la tendencia al alza de precios alrededor del mundo.
Mientras,
las movilizaciones no ceden en Quito. Alrededor de un millar de indígenas que llegaron esta semana a la capital para exigir una reducción de los precios de los combustibles se dispersaron en grupos para avanzar sobre la ciudad. A su paso van levantando barricadas con troncos de árboles.
Por donde marchan, los comercios cierran.
Pero, ¿cuáles son las causas de esta movilización y qué es lo que exigen los manifestantes? Revisa aquí las claves de este conflicto:
El poder de la Conaie
Con una amplia capacidad de convocatoria, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor del país, tomó fuerza en 1990 con un histórico "levantamiento", que logró la entrega por parte del Gobierno de 2,3 millones de hectáreas de tierras a comunidades de la Amazonía y la sierra andina.
Actualmente, su brazo político Pachakutik es la segunda fuerza en el Poder Legislativo, donde la oposición está dispersa, pero hace mayoría. Cuenta con 18 de los 137 curules.
Entre 1997 y 2005, el movimiento de pueblos originarios participó en
revueltas que derrocaron a tres mandatarios. En 2019 encabezó violentas manifestaciones por casi dos semanas que dejaron 11 muertos y más de mil heridos. Entonces, obligaron al entonces Presidente
Lenín Moreno a dar marcha atrás en la eliminación de millonarios subsidios a los combustibles, una condición atada a un acuerdo con el FMI.
La Conaie, dirigida desde 2021 por Leonidas Iza, se mantiene desde 1990 como la "principal organización social del país", dijo a la AFP Franklin Ramírez, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.
"Tiene voz, liderazgo, capacidad de irradiar su malestar, sus reclamos y de convocar a otros sectores", agregó.
Los indígenas representan más de un millón de los 17,7 millones de habitantes de Ecuador.
Qué es lo que piden y la respuesta del Gobierno
La demanda principal de la Conaie tiene que ver con la reducción de los precios de la gasolina, exigencia que también fue el detonante de las movilizaciones de 2019. En poco más de un año, el Gobierno subió el galón de diésel en 90% (a 1,90 dólares) y el de gasolina corriente en 46% (a 2,55). Desde octubre pasado los precios están congelados por presión de los indígenas, que reclaman una rebaja a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.
El movimiento también exige una moratoria para el pago de deudas de campesinos con la banca, el control de precios agrícolas, más empleo, suspender concesiones mineras en territorios indígenas y más presupuesto para salud, educación y seguridad.
Ante este petitorio, y viendo cómo subía el tenor de las protestas, el Presidente
Guillermo Lasso ordenó aumentar de 50 a 55 dólares un bono que recibe un 30% de la población más vulnerable, subsidiar hasta 50% el costo de la urea para pequeños y medianos productores y condonar créditos vencidos de hasta 3.000 dólares otorgados por el banco estatal para el fomento productivo.
También declaró en emergencia el sistema de salud pública para destinarle recursos extras y duplicó el presupuesto para la educación intercultural.
Estados de excepción: la tensión
Sin embargo, la tensión ha aumentado, ante lo cual el Presidente Lasso declaró el estado de excepción en las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Imbabura y Cotopaxi, agregando después a Tungurahua, Chimborazo y la región amazónica de Pastaza.
El estado de excepción faculta al Presidente a movilizar a las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno, suspender derechos ciudadanos y declarar toques de queda.
"Convoqué al diálogo y
la respuesta fue más violencia. No hay intención en buscar soluciones", aseguró el Mandatario el viernes. Tres días después, el jefe de Estado aseguró que
el movimiento indígena quería "botarlo" del poder.
La medida indignó a la Conaie, que exigió al Ejecutivo poner fin a los estados de excepción para poder sentarse a dialogar una salida pacífica del conflicto. La negativa del Gobierno fue clara: "No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al canal Teleamazonas.
"La violencia se les fue de las manos. Ellos mismos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción", agregó Jiménez.
Mientras tanto, diversas agrupaciones sociales y gremiales han hecho diversos llamados a un diálogo y detener la violencia.
Mientras continúa el estado de excepción, el Gobierno informó el martes que manifestantes contaminaron con aceite quemado una planta de agua de la localidad andina de Ambato (sur), lo que dejó sin servicio a dos hospitales y dos barrios.
"La democracia del Ecuador está en serio riesgo", alertó el ministro de Defensa, Luis Lara.
"Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República", agregó Lara, rodeado de los jefes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reporta dos muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas, el 13 de junio.
La Policía informó a su vez de 101 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados.
