Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros de Argentina.
EFE
El gobierno de Argentina insistió este viernes en que el Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol, cuyo comienzo está previsto para el 23 de enero en Venezuela, debería suspenderse o cambiar de sede por la "situación violenta" que vive ese país, expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales.
"Me parece un poco ridículo que se vaya a jugar un campeonato internacional de fútbol en un país que no respeta las libertades y que además (...) pone en riesgo la libertad de nuestros jugadores", dijo Francos a radio Mitre.
El funcionario añadió que "
habrá que activar gestiones" para que se suspenda o se cambie la sede del torneo que se disputará entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2025.
El miércoles, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había dicho a la prensa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tenía que considerar cambiar la sede del torneo por el riesgo de que los jugadores sean tomados de "rehenes".
"¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano de fútbol Sub 20? Y bueno, habrá que cambiar de sede, qué sé yo. La Conmebol lo tendrá que pensar. Argentina no va a mandar gente, chicos que los pueden secuestrar", señaló Bullrich durante una entrevista con CNN Radio.
Luego de estas declaraciones, una fuente de la Conmebol informó a AFP que se está "monitoreando" la situación en Venezuela, haciendo referencia a la incertidumbre provocada por la polémica asunción presidencial de Nicolás Maduro, celebrada este viernes en Caracas bajo fuertes cuestionamientos de la comunidad internacional.
La declaración de Bullrich se da además en el marco de la tensión con el gobierno venezolano y el reclamo de Argentina por la detención del gendarme Nahuel Gallo, apresado el 8 de diciembre y acusado de "terrorismo" por Maduro.
El cambio de sedes no sería una novedad para la Conmebol. Este mismo torneo, que entrega cuatro plazas para el Mundial Sub-20 —que se celebrará este año en Chile—, originalmente estaba programado para llevarse a cabo en Perú, pero fue trasladado a Venezuela tras la detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en el contexto de una investigación por presunto lavado de activos y fraude.
