Una hora antes de lo previsto, sin mostrar las actas electorales y con el cierre de fronteras con Colombia. Así fue parte de la antesala de la investidura de
Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031, ante un tensionado clima tanto interno como externo.
Y es que la victoria del 28 de julio pasado del líder chavista ha sido fuertemente cuestionada por la oposición de ese país, especialmente de la líder
María Corina Machado, quien pese a permanecer más de 100 días en la clandestinidad, continuó difundiendo el mensaje de desconocimiento de la soberanía popular que significaría la reelección de Maduro.
Según Machado, el candidato opositor, Edmundo González, obtuvo el 70% de los votos. En tanto, el miércoles, la líder opositora afirmó que las "actas de la verdad" -que certificarían la victoria de González- fueron entregadas al Gobierno de Panamá para su resguardo.
La comunidad internacional también ha mirado atentamente los pasos del régimen y son varios los países que han tomado una posición de cautela sobre el presunto triunfo, pero otros, derechamente no la reconocen.
Incluso, algunas naciones han ido un paso más allá y han anunciado sanciones para Venezuela e incluso ofrecen recompensa por la captura de Maduro, luego de que este jurara para un tercer mandato.
EE.UU. eleva recompensa para captura
La tarde de este viernes, y horas después de la investidura de Maduro, el Gobierno de Joe Biden anunció el aumento a US$ 25 millones de recompensa por información que permita capturar a Nicolás Maduro, y a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, para que se les juzgue por "narcotráfico y corrupción".
Además el gobierno del presidente saliente añadió una nueva recompensa por el ministro de Defensa
Vladimir Padrino López, por quien ofrece 15 millones de dólares.
Además, funcionarios del Gobierno de Biden calificaron esta tarde la investidura de Maduro como una "farsa".
El Mandatario estadounidense también amplió las restricciones de visa a "personas afines a Maduro" e impuso sanciones a ocho altos cargos venezolanos por dirigir organismos económicos y de seguridad "que permiten la represión" y "la subversión de la democracia".
Entre los sancionados figura el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, y el ministro de Transportes y presidente de Conviasa, la aerolínea estatal, Ramón Celestino Velásquez.
Unión Europea y Reino Unido
El Consejo de la Unión Europea (UE) emitió un Reglamento de Ejecución para ampliar las sanciones contra funcionarios y altos cargos de Venezuela, donde se añadieron a 15 personas a la lista de medidas restrictivas.
La UE publicó en su Diario Oficial la nueva lista de sancionados en el día de investidura del nuevo presidente de Venezuela, que entre sus nombres, incluye a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez.
Más tarde,
el Reino Unido se sumó a la sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE). En un comunicado divulgado por el Foreign Office, el ministro británico de Asuntos de Exteriores, David Lammy,
califica la presidencia de Maduro de "fraudulenta", coincidiendo con el día de la investidura.
Lammy revela la nueva ola de sanciones para expresar la "grave preocupación" del Ejecutivo de Londres ante los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio, en las que se cometieron "irregularidades significativas" y se observó falta de transparencia".
Además de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez, que ayudó a legitimar las elecciones del 28 de julio, según recuerda la nota, entre los sancionados figura el director del departamento de Investigaciones Penales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2021, Asdrúbal José Brito Hernández.
Lammy dijo que el resultado de los comicios de julio "no fue ni libre ni justo y su régimen no representa la voluntad de los venezolanos".
"Las sanciones de hoy envían un mensaje claro. El Reino Unido no se quedará al margen mientras Maduro continúa oprimiendo, socavando la democracia, y cometiendo atroces violaciones de los derechos humanos", apunta.
El político laborista agrega asimismo que "todos los prisioneros políticos deben ser liberados y la represión continuada debe finalizar" y subraya que este país continuará "apoyando a los venezolanos en su lucha por un futuro democrático"
Canadá
Por su parte, Canadá impuso este viernes sanciones contra 14 altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos destacados integrantes de la Dirección General de Contraingeligencia Militar (DGCIM), por su implicación en "violaciones" de derechos humanos en Venezuela.
Entre los sancionados está los fiscales del DGCIM Dinorah Yoselin Bustamante Puerta y Farik Karin Salcedo Mora; el director de investigaciones penales del organismo, Asdrubal José Brito Hernandez, así como su exvicedirector, Rafael Ramón Blanco Marrero.
Las sanciones también afectan a varios miembros de la Guardia Nacional Bolivariana: su comandante general,
Elio Ramón Estrada Paredes; el comandante de la región capitalina,
Johan Alexander Hernández Lárez, y el teniente coronel,
Alexander Enrique Granko Arteaga.
Otros sancionados son el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Alexis José Rodríguez Cabello, y su vicedirector, Miguel Antonio Muñoz Palacios; el brigadier general de la Policía Nacional Bolivariana, Rubén Darío Santiago Servigna, y Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que los sancionados están relacionados con la represión de las protestas "tras la elección ilegítima de Nicolás Maduro para la presidencia de Venezuela en julio de 2024".
"Estas violaciones generalizadas de los derechos humanos fueron parte de un esfuerzo concentrado por el régimen de Maduro para silenciar e intimidar a los que demandaban transparencia y unas elecciones libres y justas en Venezuela", añadió el Gobierno canadiense.
Las sanciones congelan los supuestos activos que los individuos puedan tener en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano, o canadienses en el extranjero, mantengan relaciones económicas con los sancionados.
