Los últimos días no han sido tranquilos para Javier Milei. El presidente de Argentina está en el centro de las críticas por su controvertido plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el cual apuntaría contra figuras críticas del Gobierno como dirigentes políticos y periodistas, con quienes el Mandatario no tiene una buena relación.
Todo se destapó el domingo con un reportaje del diario La Nación. De acuerdo con el matutino, el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) amplía los márgenes de acción de los servicios de inteligencia en áreas tradicionalmente sensibles, sin especificar con claridad los alcances de las tareas que podrían desarrollarse ni los límites entre inteligencia externa e interna.
De esta forma, el documento de 170 páginas establece como foco de interés a quienes
"erosionen la confianza" en funcionarios,
"manipulen la opinión pública" o interfieran en la percepción ciudadana sobre las políticas del Gobierno de Milei.
Entre los lineamientos se incluye el monitoreo de actores que generen "pérdida de confianza" en las políticas económicas o que incidan en procesos "cognitivos" de la opinión pública, por medio de nuevas tecnologías o inteligencia artificial.
También se menciona la desinformación durante procesos electorales como un eje de interés estratégico, sin detallar si se refiere a operaciones extranjeras o a actores locales como periodistas, analistas o ciudadanos.
El documento elaborado bajo la dirección del actual titular de la SIDE, Sergio Neiffert, también afirma que será objeto de interés cualquier conducta que afecte la percepción social mediante "distorsión" o manipulación, una formulación ambigua que, según La Nación, podría alcanzar a economistas críticos del Gobierno, periodistas, influencers e incluso funcionarios oficialistas, dependiendo de su comportamiento en redes sociales.
"Controlar el relato"
Pasaron los días y, en medio de la polémica, surgieron nuevas revelaciones. El martes, el mismo diario La Nación indicaba, citando fuentes oficialistas, que este nuevo PNI tiene "notables diferencias" con los presentados por gobiernos anteriores y se centra principalmente en una suerte de "batalla cultural por controlar el relato".
"Hay títulos que son diferentes, con una naturaleza distinta a planes anteriores elaborados por otros gobiernos", afirmó uno de los funcionarios. "Son lineamientos distintos a los habituales, como tratar de controlar el relato; hay un énfasis en eso con relación a planes anteriores", añadió.
Similar opinión tuvo un exfuncionario del área de inteligencia que mantiene vínculos estrechos con miembros de la SIDE. "El PIN emana
un tufillo a gobierno totalitario, a querer estar encima de los que piensan distinto", aseguró.
Esta nueva estrategia vendría de la mano con otras prácticas ejecutadas con antelación por la Secretaría de Inteligencia. El mismo diario La Nación reveló una orden secreta que data de enero pasado, en la cual se manda a "identificar y monitorear" a todos los "grupos sociales vulnerables" de Argentina y a cualquier "actor no estatal" que pueda capitalizar la "creciente polarización política para expandir su influencia" en el electorado local.
Detrás de este plan de inteligencia estaría Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei en la Casa Rosada y encargado de los lineamientos comunicacionales. Él fue el responsable de la estrategia comunicacional del Mandatario durante la campaña presidencial y actualmente es el nexo entre el Gobierno y los principales tuiteros e "influencers" del mundo libertario.
El llamado "monje negro" de Milei pasó a controlar los servicios de inteligencia en mayo del año pasado, tras la desvinculación de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete. Su misión era "refundar" la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por lo que le cambió el nombre y la rebautizó como Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tal como en los años 90.
De acuerdo con La Nación, Caputo "define todos los nombramientos sensibles" de la nueva SIDE. Fue así como puso al frente del organismo a Sergio Neiffert, alias "Señor 5", un viejo conocido de su padre. El funcionario se entrevista al menos una vez por semana con Caputo en la Casa Rosada para comunicarle todo lo que ocurre en la entidad de inteligencia.
Asimismo, con el paso del tiempo la SIDE ha sumado cada vez más poder. Tras la reasignación presupuestaria de principios de mayo, el organismo de inteligencia recibió 25.250 millones de pesos (22 millones de dólares) adicionales, con lo que su presupuesto total para 2025 asciende a 80.872 millones de pesos (71 millones de dólares), de los cuales 13.436 millones de pesos (11 millones de dólares) están asignados al rubro de "gastos reservados", de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial.
Los cuestionamientos y la defensa de Milei
Desde que se reveló el reportaje del domingo, las críticas contra el Gobierno de Milei no han cesado. El periodista Joaquín Morales Solá indicó en su columna en La Nación que el PNI "establece parámetros tan vagos y ambiguos para el trabajo de los servicios de inteligencia que estos podrían terminar convirtiendo una simple crítica en un delito contra el Estado".
"El documento de 170 páginas señala que deben ser objeto de seguimiento 'quienes erosionen la confianza en los funcionarios'. ¿Los funcionarios de Milei son infalibles? Parece. También serán motivo de control quienes 'manipulen la opinión pública'. Los periodistas son sospechosos, desde ya. Y señala la necesidad de monitorear a actores que 'generen pérdida de confianza en la política económica'. Tengan cuidado Carlos Melconian y Roberto Cachanosky, las bestias negras de Milei", agregó el periodista.
En esa línea, Morales Solá remarcó que, con estas nuevas directrices, "se puede llegar al extremo de culpar de un delito contra el Estado a quien formuló una crítica a la administración", tal como lo han hecho "todos los populismos autoritarios desde que existen". Mientras, el diario
Página 12 (vinculado a la oposición) calificó el PIN como
"un plan para perseguir al que piensa distinto".
En medio de la polémica, el diputado radical Pablo Juliano pidió al Congreso que cite al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. "Queremos que explique por qué, según el Plan Nacional de Inteligencia, se abre la puerta al espionaje o persecución de periodistas, formadores de opinión y opositores al Gobierno nacional", remarcó.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. En un comunicado, la Casa Rosada desmintió lo informado por La Nación: "Este el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos".
"El Plan de Inteligencia Nacional es
un documento secreto que establece los lineamientos del sistema de inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina. Al mismo solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación", agregaron desde la oficina del Presidente Milei.
El comunicado fue compartido por el propio Mandatario trasandino en su cuenta de X, con un claro mensaje: "EL PERIODISMO (90%). Los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad".
"No odiamos lo suficiente a los periodistas"
El informe de La Nación también generó otras reacciones. El mismo domingo, el periodista autor del reportaje, Hugo Alconada Mon, denunció haber sido blanco de amenazas e intentos de hackeo horas después de haber publicado el reportaje.
"Horas después de que revelamos en La Nación que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado", escribió el reportero en su cuenta de la red social X. Alconada añadió que también recibió un correo electrónico que incluía un código para activar una cuenta que alguien registró a su nombre en un sitio web pornográfico.
Este hecho fue repudiado por agrupaciones de periodistas tanto de Argentina como de la región, las cuales reclamaron a las autoridades que "llamen a la cordura a sus seguidores". Por otro lado, el Gobierno evitó pronunciarse sobre las amenazas y hackeos a Alconada Mon.
Todo esto se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes presupuestarios en medios públicos, denuncias de censura indirecta y violencia ejercida contra los trabajadores de prensa durante las manifestaciones.
El Presidente Milei rechaza las críticas a su gestión y el escrutinio ofensivo, según sostiene, de su vida privada, como el afecto que siente por sus perros. Es frecuente que el libertario arremeta contra los periodistas tildándolos de corruptos y extorsionadores y con términos denigrantes, siguiendo el estilo del estadounidense Donald Trump.
El Mandatario, incluso, ha enarbolado una polémica frase en sus redes sociales que ha sido sumamente compartida por sus seguidores: "No odiamos lo suficiente a los periodistas".
Por otro lado, concede entrevistas a medios que le son afines y conversa durante horas en streamings con sus seguidores más cercanos.
En medio de ese escenario, el Gobierno trasandino tomó diversas medidas, como establecer
requisitos más severos para la acreditación de periodistas en la Casa Rosada como la evaluación de su nivel profesional y el alcance del medio para el cual trabajan. En esa línea, el Ejecutivo también
limitó el número de periodistas con acceso a las salas de prensa en la sede gubernamental para evitar aglomeraciones y "garantizar las condiciones de seguridad".
Según especificó, el medio solicitante de la acreditación para un periodista deberá presentar una declaración jurada con datos de su nivel de audiencia elaborados a partir de "fuentes verificables". El profesional postulante también deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a "respetar las normas de convivencia y condiciones de permanencia" en la sede gubernamental.
La resolución oficial también establece que el periodista será evaluado según su producción específica sobre política, su participación previa en eventos oficiales y "experiencia, formación e historial curricular". Después de 180 días de que la acreditación haya sido concedida, los medios deberán declarar nuevamente su índice de audiencia. Si esa información muestra que dejaron de tener alcance masivo, la acreditación podrá ser suspendida temporalmente.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y otras agrupaciones que representan al sector ha arremetido contra las políticas comunicacionales del gobierno y denunciado que Milei pretende silenciar la información periodística profesional que es "vital para la vida democrática". La tensión continúa.
