El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó este miércoles admitir a trámite un recurso de Marine Le Pen para que suspendiera de forma provisional su pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos que, de momento, la impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.
La líder de la extrema derecha francesa había recurrido ayer martes al Tribunal, con sede en Estrasburgo, para solicitar la suspensión de la ejecución inmediata de la inhabilitación por cinco años impuesta por un tribunal francés el pasado marzo por desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo (PE).
Le Pen, en su recurso, argumentó que una inhabilitación efectiva decidida por un tribunal de primera instancia la exponía
"a un riesgo inminente de atentado irreparable" a sus derechos, en concreto, al de concurrir en unas elecciones libres.
Pero el tribunal rechazó hoy la solicitud debido a que "no se ha establecido la existencia de un riesgo inminente de atentado irreparable" a los derechos de Le Pen, según indicó en un comunicado la instancia judicial.
La decisión, tomada por unanimidad de los siete miembros de la sala, supone que el TEDH no pedirá al Estado francés la adopción de ninguna medida correctora.
Le Pen, en un mensaje en X, consideró que ese "atentado irreparable a mis derechos" sí se produciría en caso de que el presidente francés, Emmanuel Macron, convocara a elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional, como hizo en junio del año pasado.
La dirigente de la extrema derecha francesa fue condenada como máxima responsable de su partido por
el uso fraudulento de fondos del Parlamento Europeo para pagar a trabajadores al servicio de su partido,
Agrupación Nacional (RN, anteriormente Frente Nacional), y no para los trabajos de la formación en las instancias comunitarias.
El PE, que valora el daño causado en 4,5 millones de euros, ha solicitado formalmente al partido la restitución de 3,5 millones en daños e intereses.
Le Pen fue sentenciada a cuatro años de prisión (dos exentos y los dos restantes con la posibilidad de arresto domiciliario con brazalete electrónico), así como a 100.000 euros de multa y a su inhabilitación por cinco años, pero de aplicación inmediata y sin esperar a la decisión del Tribunal de Apelación.
Ella reaccionó inmediatamente asegurando que se trataba de una "sentencia política" que buscaba dejarla fuera de las elecciones presidenciales, previstas para 2027, pero el presidente del Tribunal de Apelación de París se comprometió a que el juicio en apelación concluya para el verano de 2026.
De esa forma, si la sentencia del juicio en apelación le resultara favorable, podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, en las que parte como favorita.
