La denuncia penal que el Gobierno de Argentina presentó este lunes ante la Justicia federal por los audios que se conocieron el viernes pasado con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada, consta de 20 páginas en la que hay desde graves acusaciones hasta pedidos de medidas cautelares y allanamientos a periodistas y el canal de streaming Carnaval, desde donde se dio a conocer el material.
Sospechas de vínculos inorgánicos de inteligencia, "chantaje", "ataques de grupos paraestatales", con objetivos de desestabilizar al Gobierno, la mira en la oposición kirchnerista y
hasta sospechas de conexiones con Irán, Venezuela y Rusia, son solo algunos de los ejes que se despliegan en la presentación, en la que también se advierte una
"gravedad inusitada" al considerar que parte de las escuchas pudieron hacerse en la propia sede gubernamental.
La denuncia quedó en manos del juez Julián Ercolini y estos son sus principales puntos:
Los acusados
La denuncia apunta contra Franco Bindi, abogado "ligado a agentes inorgánicos de inteligencia" según el Ejecutivo trasandino y que además es pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, elegida en su momento con un cupo de La Libertad Avanza (el partido fundado por el presidente Javier Milei). La legisladora, según la Casa Rosada, "desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca".
"La pesquisa deberá determinar si Franco Bindi pudo haberse desempeñado como autor intelectual en algunos tramos de la maniobra, y como partícipe necesario en los restantes, aprovechando sus relaciones en el mundo de los servicios y su presencia en los medios de comunicación", remarcó el Ejecutivo en la demanda.
Además del abogado, en la denuncia se menciona al periodista
Mauro Federico, conductor del programa donde se difundieron los audios; el empresario
Pablo Toviggino, hombre fuerte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); y el conductor de televisión
Jorge Rial, quien durante dos décadas liderara el programa de farándula "Intrusos" y que actualmente trabaja en el canal C5N, ligado al peronismo.
Tanto Federico como Rial ya habían sido demandados por injurias tiempo atrás por pedir información sobre los perros de Javier Milei.
A todos ellos, así como a la sede del streaming Carnaval, se solicita que se los allane para incautar eventuales pruebas y dispositivos tecnológicos. También que, en relación con ellos se pida información a distintos organismos como la IGJ, la Arca y compañías tecnológicas.
"Resulta evidente que el canal de streaming 'Carnaval' se creó con el único objeto de molestar y chantajear a los integrantes de la actual gestión de gobierno. Lo que empezó como la búsqueda de información vinculada con cuestiones personales del Presidente, como sus perros, hoy se convirtió en una maniobra de espionaje ilegal y chantaje", afirmó la Casa Rosada.
La supuesta conexión rusa y el plan kirchnerista
La denuncia del Gobierno también señala a un supuesto grupo denominado "La Compañía", presuntamente vinculado a residentes rusos en Argentina, que tendría "como objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino".
El escrito menciona a Lev Konstantinovich Andriashvili y a su esposa Irina Iakovenko. Según el Ejecutivo, el primero de los mencionados "sería el encargado del vínculo con los contactos radicados en Rusia, el receptor del financiamiento y el promotor de los vínculos con los colaboradores locales".
Para la administración de Milei, el propósito de los autores de este supuesto plan es "influir ilegítimamente en la opinión pública,
alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas".
"Los audios han sido esparcidos de modo estratégico, en un momento en el cual el país se encamina hacia la estabilización macroeconómica, y en las semanas previas de las elecciones legislativas de medio término", consideró.
De acuerdo con el Ejecutivo, "la maniobra se basa en un conjunto de grabaciones subrepticias, amplificadas luego a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa elegidos deliberadamente para desacreditar al Gobierno". Lo consideraron "parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al Gobierno".
En ese contexto, "la denuncia se interpone mientras los periodistas del canal Carnaval se animan a chantajear a los funcionarios espiados ilegalmente, a través de la amenaza de una publicación fragmentada durante los días que quedan hasta las próximas elecciones legislativas".
