A dos meses de las elecciones presidenciales, el candidato
José Antonio Kast (Republicanos-PSC) sorprendió con una visita a la primera ministra italiana,
Giorgia Meloni, con quien mantiene una relación cercana desde 2019. El abanderado republicano se reunió con la Mandataria con la finalidad de conocer su política migratoria que ha sido seguida con detención en Europa y ha debido sortear diversas dificultades.
"Hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control", afirmó Kast, quien adelantó que la próxima semana presentará "un plan contra la inmigración ilegal" en Chile.
Meloni es una de las figuras más relevantes de la ultraderecha europea. Su llegada al poder se produjo gracias a un programa de gobierno que incluía un duro mensaje antiinmigrantes en un país marcado por la masiva llegada de extranjeros procedentes de África a través del Mar Mediterráneo. Con todo,
la Mandataria ha debido moderar su discurso -a sabiendas de la resistencia que podría generar en la Unión Europea- y se ha mostrado como un referente liberal en el continente.
Así las cosas, la líder de Hermanos de Italia ha implementado una política migratoria que incluso ha sido vista con buenos ojos por otros líderes, aunque también ha sido objeto de críticas y ha enfrentado trabas judiciales que han perjudicado su desarrollo. La primera ministra, de todos modos, saca saldos positivos.
Estado de emergencia
En los últimos años, las dramáticas imágenes de embarcaciones varadas en el Mediterráneo Central con decenas de inmigrantes procedentes de África se hicieron recurrentes en Italia. Esta zona de Europa se convirtió precisamente en el principal puerto de llegada de inmigrantes irregulares, según datos de la agencia Frontex, que en 2023 detectó 162.714 ingresos.
Giorgia Meloni llegó al poder en octubre 2022 con un fuerte discurso antimigratorio centrado en promesas como el bloqueo naval de las embarcaciones que llegan a Italia. Seis meses después, la situación recrudecía y los números eran cada vez peores. Con ese escenario, en abril de 2023 el Ejecutivo decretaba el "estado de emergencia nacional" en materia de migración con una vigencia de seis meses. La medida, aplicada generalmente para enfrentar catástrofes naturales o calamidades, se implementó con la finalidad de "dar respuestas más eficaces y rápidas a la gestión de los flujos migratorios", según explicó el Ejecutivo.
La iniciativa, que contó con una inversión inicial de 5 millones de euros, contemplaba "un
aumento de las estructuras habilitadas para la repatriación de migrantes que no tengan derecho a permanecer en Italia", según reportaba Infobae.
Además de la construcción de nuevos centros de reclusión, la medida amplió a 18 meses el tiempo máximo de detención para la repatriación y también permitió la aplicación de "procedimientos fronterizos" a las personas procedentes de "países seguros" que buscan asilo.
A esto se suma el polémico acuerdo que el Gobierno logró con Albania para enviar a ese país a los migrantes detenidos, para lo cual construyó un centro de reclusión mientras se resuelve su situación migratoria.
Y si bien el estado de emergencia se aprobó para los primeros seis meses, la Administración de Meloni logró mantenerlo durante un año y medio.
El Ejecutivo italiano también fue actor clave en
el acuerdo entre la Unión Europea y Túnez, el país de África más cercano a Italia geográficamente hablando y principal punto de salida de embarcaciones con inmigrantes irregulares. En el pacto, el bloque comunitario se comprometió a realizar millonarias inversiones a cambio de un mayor control en la salida de navíos.
Esto forma parte del "Plan Mattei", presentado en 2024 por Meloni y que apuesta por las inversiones para fomentar el desarrollo de los países africanos a cambio de un mayor control de los flujos migratorios. El programa contempla un financiamiento de al menos 5.500 millones de euros en cinco áreas: educación, salud, agricultura, agua y energía.
Desde la implementación de estas medidas, Italia saca cuentas alegres: en 2024, redujo en casi un 60% la llegada de migrantes irregulares, según los datos oficiales (66.766). Al mismo tiempo, el Mediterráneo Central dejó de ser la ruta más usada por estas personas.
Cuestionamientos y la situación de Albania
Con todo, el Gobierno de Meloni también ha sido objeto de cuestionamientos por su política migratoria, sobre todo en lo relacionado con la detención de inmigrantes. En julio de 2024, la ONG Amnistía Internacional (AI) acusó a Italia de "abusar de las detenciones".
"La detención se debe emplear de manera excepcional y como medida de último recurso. Sin embargo, en los centros que visitamos nos encontramos con personas racializadas que nunca debieron haber sido detenidas. Personas con problemas graves de salud mental. Personas que buscan asilo debido a su orientación sexual o activismo político, pero que provienen de países que el gobierno italiano ha designado arbitrariamente como 'seguros'. Personas que tienen responsabilidades de cuidado o que huyen de la violencia de género o la explotación laboral. Estas órdenes de detención innecesarias desbaratan la vida, la salud y las familias", afirmó Dinushika Dissanayake, directora adjunta de AI para Europa.
"El hecho de que las autoridades italianas no hayan establecido un sistema efectivo de alternativas a la detención, combinado con un proceso jurídico inadecuado supervisado por jueces no profesionales,
está llevando a abusar de la detención. En Italia, la legislación y las prácticas son incompatibles con el derecho y las normas internacionales y dan lugar a violaciones no solo del derecho a la libertad, sino también del derecho a asilo, a un recurso efectivo y a asistencia jurídica", agregó Dissanayake.
En su inspección de centros de detención, la citada ONG constató que estos recintos "no eran conformes al derecho y las normas internacionales aplicables". En esa línea, denunció dificultades en la libre circulación de las personas por los centros e irregularidades como falta de higiene y abuso policial.
Pero, sin dudas, el gran dolor de cabeza para Meloni ha sido el plan para enviar migrantes a Albania, donde se construyó un campamento de reclusión. Ya el año pasado, cuando recién se implementó el programa, los tribunales locales ordenaron el retorno a Italia de las personas capturadas en el mar y llevadas a Albania.
Debido a los obstáculos judiciales, los recintos de detención italianos en Albania han estado vacíos durante meses. Y también han crecido los cuestionamientos luego de que un informe descubriera que el costo de construcción de estos centros era siete veces mayor que el de un lugar equivalente en Italia.
El pasado 1 de agosto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio otro golpe a las aspiraciones de Meloni al cuestionar la legitimidad de la lista de "países seguros" empleada por Italia para enviar migrantes a Albania y acelerar sus solicitudes de asilo.
De acuerdo con el tribunal, Italia es libre de decidir qué países son "seguros", sin embargo, esa designación debe cumplir con estrictas normas legales.
La propia primera ministra calificó el fallo de "sorprendente" y aseguró que "debilita las políticas para combatir la inmigración ilegal masiva y defender las fronteras nacionales".
Con todo, el Ejecutivo italiano continúa con su plan, mientras en Chile es seguido con atención por uno de los candidatos presidenciales.
