Un escándalo se desató en
España luego de que la Fiscalía General del Estado reportara fallas en el sistema de seguimiento de las llamadas
pulseras "antimaltratos", que son ocupadas por personas que cargan con una orden de alejamiento en su contra en el marco de casos de violencia de género. Según la entidad, esto provocó que decenas de inculpados o condenados hallan sido sobreseídos o absueltos en los últimos meses.
El llamado sistema del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) fue creado en 2009 y consiste en el "seguimiento a través de medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual", según explica el Ministerio de Igualdad en su sitio web. Según reportó OkDiario la semana pasada, los problemas comenzaron después de que en 2023 la adjudicación del servicio cambiara de empresa, de Telefónica a Vodafone y Securitas.
Fue en medio de esa transición que, de acuerdo con El País, ocurrió una falla en la transmisión de datos de un proveedor a otro que generó que durante un tiempo no se pudieran conocer los movimientos de los inculpados por casos de violencia de género y violencia sexual antes del 20 de marzo de 2024. Para la Fiscalía, esto significó "una potencial desprotección de las víctimas", según explicó en su última memoria anual.
Esta "anomalía", apuntó el ente persecutor, tuvo consecuencias tanto en la fase de instrucción en los juzgados de Violencia sobre la Mujer cono en la fase de enjuiciamiento, "provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios".
Según la Fiscalía, "la imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación".
Por otro lado, esta "anomalía" impidió que en los juicios se pudiera "responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco acceso a la información; lo que, en muchos casos, llevó a una sentencia absolutoria".
El escándalo se esparció por toda España, que ahora busca responsables. Varios de los dardos han ido contra el Ministerio de Igualdad -entidad estatal encargada del funcionamiento del sistema-, al que se le acusa de cambiar los dispositivos por unos de peor calidad por razones económicas y hasta políticas.
Cómo funciona
El uso de las pulseras "antimaltrato" comenzó en 2006 en Madrid. En 2009, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo amplió a toda España y el sistema fue robustecido durante las administraciones de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Según los datos oficiales, hasta enero de 2025 habían 4.529 mujeres beneficiadas con este sistema y ninguna de ellas ha sido asesinada.
El sistema funciona así: una vez que la justicia lo decreta, se instala una pulsera en una muñeca o tobillo del agresor que tenga orden de alejamiento, ya estando condenado o si se encuentra a la espera de sentencia, según explicó El País. Del mismo modo, a la víctima se le entrega un teléfono inteligente que alerta en el caso de que el agresor se acerque a ella y quebrante la prohibición.
La beneficiaria también puede recibir notificaciones en su teléfono, hacer videollamadas, enviar imágenes y alertar al centro del control. Asimismo, cuenta con un botón de emergencia para alertar a las autoridades de alguna situación de peligro.
Por otro lado, en caso de que el agresor transgreda la orden judicial o la pulsera sufra daños o pierda la cobertura, el sistema lanza una alerta al centro Cometa, el cual llamará al agresor o bien se contactará con las fuerzas de seguridad o la propia víctima.
Según explica el Ministerio de Igualdad, la instalación de este sistema busca hacer efectivo "el derecho de la víctima a su seguridad y contribuir a su recuperación", documentar un posible quebrantamiento de la prohibición impuesta y disuadir al agresor de acercarse a la víctima.
La implementación de este sistema es motivo de orgullo para las autoridades españolas, ya que hasta ahora ninguna mujer que se haya sometido a este programa ha sido asesinada. El único femicidio registrado en el que había orden de alejamiento y dispositivos activos ocurrió cuando la víctima no llevaba consigo el aparato de forma voluntaria, ya que lo había dejado conscientemente en su casa, de acuerdo con El País.
Críticas y la respuesta del Gobierno
Dada la importancia de este sistema, las críticas no se han hecho esperar y han ido dirigidas principalmente al Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo. "La negligencia del Ministerio ha sido absoluta porque no solo que haya un fallo es que sabiéndolo no lo hayan arreglado. Es una negligencia absoluta por parte del Ministerio de Igualdad. Para nosotros es gravísimo. Es gravísimo. Mujeres que se creían seguras y realmente no lo eran. No lo estaban. Y en el Ministerio lo sabían", aseguró la vocera en el Congreso del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, en diálogo con Telecinco.
Por su parte, la eurodiputada del PP Rosa Estarás denunció ante la Comisión Europea los "graves fallos sufridos" por el sistema de pulseras antimaltrato. "Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la Comisión Europea debe valorar si procede a abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones respecto al derecho comunitario", indicó la legisladora, según recogió Europa Press.
El partido ultraderechista Vox fue más allá y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de cambiar de proveedor de las pulseras telemáticas por ser israelí. "Lo que le jodía es que las pulseras que sí que funcionaban fueran israelíes. Y entonces, claro, se fueron al mercado chino de AliExpress" a buscar nuevos dispositivos, afirmó el vocero del Comité de Acción Política de la colectividad, José Antonio Fuster.
"El Gobierno que se decía 'el más feminista de la historia' acabó soltando violadores de las cárceles y ahora sabemos que también ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas", recalcó.
Ante las críticas, la ministra Ana Redondo debió salir a explicar. Primero, remarcó que es "absolutamente falso que estas pulseras se compraran en AliExpress", tal como lo dijo Fuster. "Es imposible porque son pulseras y dispositivos muy definidos para el sistema Cometa. Están absolutamente diseñados para el sistema Cometa. Están homologados en la Unión Europea", explicó, al mismo tiempo que aseguró que es "radicalmente falso que los datos los tuviera una empresa israelí".
Asimismo, la titular de Igualdad remarcó que los dispositivos de seguimiento "nunca dejaron de funcionar" y que el error relacionado con el traspaso de datos se remite a un "periodo muy determinado" que "no ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona".
"Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas y eso es lo importante. Se ha generado una alarma fundamentada en exageraciones que nada tienen que ver con la realidad", enfatizó.
Asimismo, Redondo adelantó que el nuevo contrato de licitación de las pulseras antimaltrato contendrá "una serie de mejoras técnicas como, por ejemplo, una plataforma de datos para que esos datos estén en todo momento a disposición".
Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró "muy llamativo" que el PP "se rasgue las vestiduras" en este tema cuando es un partido que "vota en contra de las leyes de las mujeres".
