La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló un informe de la sobre Venezuela, en el cual se denuncia a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) -la policía del régimen de Nicolas Maduro- como responsable de crímenes de lesa humanidad.
En el documento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que fue creada por la ONU para investigar los abusos en ese país desde 2014, se detallan detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones de activistas políticos y violaciones de derechos humanos por parte de la GNB, todo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
La Guardia Nacional Bolivariana es uno de los cinco componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FNAB). En su ejercicio, tiene la responsabilidad de conducir las operaciones para el mantenimiento del orden interno del país.
Aproximadamente, a día de hoy son alrededor de 20.000 efectivos, contando hombres y mujeres de todos los rangos.
El informe de la ONU señala que existe "un patrón de rotación frecuente del alto mando militar, característica del modelo de control político dentro de la FANB". Lo anterior considerando que, entre 2013 y 2024, ha tenido nueve comandantes generales en períodos generalmente breves, algo poco común en este tipo de instituciones.
Sobre su estructura legal, el último cambio que tuvo fue en el 2020, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional de la FANB, la cual derogó instrumentos previos, consolidó el marco normativo vigente y reafirmó su rol dentro de las fuerzas armadas.
De acuerdo con la tensión política tras las elecciones presidenciales en julio del año pasado, el informe constató un aumento en la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro tras las votaciones.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho (...). En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su eficacia, lo que dejó a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder", sostiene.
"El informe detalla cómo la doctrina venezolana de 'seguridad nacional' ha fusionado funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana y ampliando el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna", afirma la ONU en un comunicado.
Por ejemplo, de acuerdo a las desapariciones forzadas de corta duración, la Misión investigó 27 casos pre elecciones y “tiene motivos para creer que, en 15 de ellos, se produjo una desaparición forzada de corta duración”.
"Durante el período que abarca el presente informe, y especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión", se señala el documento en las conclusiones finales.
Polémicas de la Guardia Nacional Bolivariana en 2025
La GNB está ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses. En julio de este año, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a seis venezolanos en la capital que estaban ligados a una investigación por secuestros. Entre ellos se encontraba un ex miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, quien también estaba acusado por violación de derechos humanos en la administración de Maduro.
Además, el pasado 6 de diciembre la GNB también retuvo a un mayor adscrito al Comando contra las Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional de Colombia en la frontera con Cúcuta, una ciudad colombiana ubicada en el límite con Venezuela.
Horas más tarde, las autoridades de Colombia confirmaron que el uniformado había regresado en buen estado. Este suceso intensificó la tensión en la región fronteriza, ya marcada por las recientes protestas de familiares de otros ciudadanos colombianos retenidos en Venezuela, quienes exigieron su liberación y una intervención diplomática efectiva por parte del gobierno.
Conclusiones de la ONU
Hacia el final, el informe constata que la Misión "tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de derechos humanos investigadas durante el período del informe se cometieron siguiendo la misma línea de conducta que en informes anteriores calificó de crímenes de lesa humanidad. Estas vulneraciones no fueron el resultado de actos aislados o aleatorios, sino que se cometieron como parte de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro".
Por último, concluye que las vulneraciones documentadas “constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos” y que “ese crimen se ha venido cometiendo respecto de personas críticas del Gobierno, personas opositoras políticas u otras percibidas como tales”.
Cabe recordar que este informe se publicó un día después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se ausentó al evento por lo que el galardón lo recibió su hija Ana Corina Sosa.
