José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú.
EFE
"Quiero garantizar al pueblo de Perú una transición democrática electoral pacífica, transparente", fueron las palabras que marcaron el discurso inicial del flamante nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar.
Y es que el escenario para el mandatario es ese, gobernar de manera interina, por no más de 5 meses, hasta entregar el poder el próximo julio al jefe de Estado que sea electo en los comicios el 12 de abril.
En esa línea, el nuevo presidente, abogado de profesión, pidió "que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones" generales y anunció que en los próximos meses buscará "mantener una pacificación de verdad" y que su país tenga "ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana", que es una de las principales exigencias de los peruanos.
En esas elecciones, además de escoger presidente, Perú elegirá 130 diputados y 60 senadores. Si no hay un candidato presidencial que obtenga más del 50% de los sufragios, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta en junio.
La misión de Balcázar
El desafío de la transición estable de José María Balcázar se enmarca en un momento en el que el Parlamento —que inició funciones en 2021— ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y recientemente a José Jerí, que duró cuatro meses en el cargo, por lo que asegurar una transición sin más destituciones de por medio es clave para los peruanos.
La destitución de Jerí vino de la mano de investigaciones de la Fiscalía que lo involucraban en un presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una reunión -a la cual Jerí acudió con el rostro cubierto-con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Su situación se complicó aun más en febrero, con otra indagación por "tráfico de influencias" ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.
Ahora, con un Balcázar elegido al imponerse en una segunda votación a la legisladora derechista María del Carmen Alva, quien se mostraba como favorita al puesto, el nuevo mandatario será el octavo en una década en el país sudamericano, aquejado por una crónica inestabilidad política.
Las destituciones o renuncias de mandatarios en Perú obedecen a que muchas veces los gobernantes carecen de mayorías legislativas y los legisladores interpretan de forma amplia un artículo de la Constitución que permite destituirlos por "incapacidad moral".
"Perú necesita un punto de quiebre para poder garantizar las elecciones que se nos vienen y demostrar que este país no está dividido, hay que juntarlo… hay gente valiosa en todos los sectores", señaló también en su discurso inicial.
Desde 1821, cuando Perú se convirtió en una república y se independizó de España, la década de 2016-2026 es la que ha acumulado más presidentes, según los historiadores locales.
Por ende, Balcázar aseguró que va "a trabajar para que las elecciones sean las más limpias".
Otros desafíos
El nuevo mandatario también señaló que Perú ya no está "en los tiempos para pelear", agregando que "aquí ya no hay derechas ni izquierdas, eso ya no tiene ningún tipo de sustento".
Aseguró que su gobierno mantendrá la actual política económica, porque consideró que "no se puede llevar" a su país "a ensayos económicos" y anunció que va a conversar con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, para saber "qué posibilidades hay de un mejoramiento económico" en su país.
También dijo que no buscará "cambiar el rumbo" de la política de seguridad ciudadana, que se ha concentrado en luchar contra el embate del crimen organizado.
Por otro lado, Balcázar también afrontará una ola de asesinatos y extorsiones que golpea a los pequeños empresarios y a la clase trabajadora.
En otros objetivos anunciados por él mismo, Balcázar en los días previos a la votación anticipó que estaría dispuesto a indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado protagonizado en 2022 para evitar una destitución por parte del Congreso.
