La huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha paralizado este jueves gran parte de Argentina, mientras decenas de trabajadores se dirigen hacia el Congreso, donde se debatirá el proyecto que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en el país.
Bajo un fuerte operativo de seguridad, los trabajadores se dirigen esta mañana al Congreso en el centro de Buenos Aires, en una jornada en la que no funcionan trenes, aviones, metro ni la mayoría de las líneas de autobuses.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera y convocante de la cuarta huelga general durante el Gobierno de Milei, lidera la convocatoria de esta medida de fuerza, iniciada la pasada medianoche.
"El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo", afirmó a Radio Rivadavia Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT.
A la protesta, que durará 24 horas, se sumaron 13 sindicatos gremiales y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), mientras que los servicios esenciales, como la salud pública, también registran interrupciones parciales.
La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó de la cancelación de más de 400 vuelos, que han afectado a más de 64.000 pasajeros y clientes de carga. La Secretaría de Trabajo, por su parte, conminó a los trabajadores de trenes y autobuses a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa.
El Gobierno anticipó además que descontará de los salarios la jornada a aquellos empleados públicos que se sumen a la huelga.
En paralelo, sindicatos y organizaciones de izquierda se movilizan en distintos puntos del país, mientras los accesos a la capital argentina permanecen bajo fuerte custodia de la Gendarmería, en un clima de tensión.
Según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico de la huelga oscilaría entre 400 y 600 millones de dólares, pero la cifra exacta la va a terminar el nivel de adhesión.
El eje de la protesta es la reforma laboral que ya recibió el visto bueno del Senado el 12 de febrero, cuando se desató una batalla campal entre policías y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.
Ahora será debatida por la Cámara Baja, este jueves, en una sesión que se prevé se extenderá durante varias horas y que está previsto empiece a partir de las 14.00 horas, misma hora en Chile.
La reforma
La ley que está siendo cuestionada contempla cambiar radicalmente las condiciones del trabajo en el país trasandino, el cual actualmente posee un alto nivel de sindicalización.
Entre otros, modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido y quedan excluidos del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual habitual, lo que reduce el monto final respecto del sistema vigente.
Además, las vacaciones se podrían fraccionar en períodos no inferiores a siete días y podrían ser rotativas. El trabajador tendrá al menos un período en temporada estival, en coincidencia con las vacaciones escolares, cada tres años.
También contempla ampliar el listado de sectores considerados esenciales, que no podrán prestar menos del 75% del servicio en caso de huelga.
La iniciativa modifica la Ley de Asociaciones Sindicales y establece que las asambleas de trabajadores y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa y deberán contar con autorización del empleador.
Tipifica como infracciones "muy graves" los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza y habilita la posibilidad de otorgar personería gremial a sindicatos de empresa cuando superen en afiliados al sindicato preexistente durante al menos seis meses.
