Cuatro años de estado de excepción en El Salvador: Cómo se aprobó y por qué sigue vigente la medida impulsada por Bukele
Pese a cientos de denuncias por violaciones de derechos humanos, la política cuenta con un amplio respaldo de los salvadoreños y ha sido prorrogada hasta 48 veces por el Congreso.
El Salvador cumple cuatro años bajo un régimen de excepción implementado por el Gobierno de Nayib Bukele como respuesta a una grave escalada de violencia vinculada a las pandillas. La medida, vigente desde marzo de 2022, ha sido clave en la estrategia de seguridad del Ejecutivo y ha marcado un punto de inflexión en los niveles de homicidios del país.
Aunque el Gobierno defiende su efectividad en la reducción de la violencia y en la recuperación de territorios, el régimen ha sido prorrogado de forma sostenida por el Congreso y ha implicado la suspensión de derechos fundamentales. Este escenario ha abierto un debate sobre su alcance y su extensión en el tiempo.
En paralelo, organismos humanitarios y expertos internacionales han advertido sobre miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias. Pese a estas críticas, la medida mantiene un alto respaldo ciudadano, en un contexto donde la seguridad sigue siendo la principal preocupación de la población.
¿Por qué se aprobó y por qué se mantiene el estado de excepción?
Fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, como respuesta a un fin de semana con más de 80 homicidios.
La escalada de asesinatos se atribuye, según investigaciones periodísticas, a la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas.
Hombres detenidos en marzo de 2022 poco después del estado de excepción. | AFP
El Gobierno sostiene que la medida ha permitido combatir a las maras, recuperar territorios y reducir de forma significativa los homicidios en un país históricamente violento.
Pese a que los asesinatos ya venían disminuyendo desde 2016, el régimen se consolidó como la principal estrategia de seguridad.
La fuerte respuesta estatal generó amplio respaldo ciudadano y contribuyó a la reelección inmediata de Nayib Bukele, pese a restricciones constitucionales previas.
¿Qué implica el régimen de excepción y cómo ha evolucionado en estos cuatro años?
Se ha mantenido vigente durante cuatro años mediante 48 prórrogas aprobadas por el Congreso a solicitud del Ejecutivo.
El Gobierno asegura haber desarticulado a las pandillas con más de 91.300 detenciones de presuntos miembros o colaboradores.
Analistas advierten que su prolongación lo ha transformado en un mecanismo de "control social".
Suspende derechos fundamentales, como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa.
Amplía la detención administrativa hasta 15 días sin cargos.
Se han reformado leyes para permitir procesos penales masivos y colectivos contra grupos de pandillas.
¿Qué cuestionamientos existen sobre violaciones a derechos humanos?
Organizaciones humanitarias registran al menos 6.889 denuncias de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen.
En el 98% de los casos se denuncian detenciones arbitrarias.
El 75% de los atropellos señalados involucra a agentes de la policía.
Internos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). | AFP
La política de detenciones masivas ha elevado la población carcelaria a más de 107.000 personas.
El propio presidente Bukele ha reconocido que al menos 8.000 detenidos serían "inocentes".
Estas personas continúan vinculadas a procesos penales, incluso cuando han obtenido libertad condicional.
¿Qué nivel de apoyo tiene la medida y qué críticas internacionales enfrenta?
Alrededor del 85% de la población respalda la continuidad del régimen, según diversas encuestas.
Poco más del 10% de los ciudadanos se manifiesta en contra de su extensión.
La aprobación presidencial alcanzó un 91,9% a fines de 2025, impulsada principalmente por la mejora en seguridad.
Nayib Bukele en una asamblea general de la ONU en 2024. | AP
Un informe de expertos advierte que las violaciones a derechos humanos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El documento fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas por un grupo internacional de especialistas (GIPES).
Bukele criticó el informe y afirmó que exige liberar a todos los detenidos, aunque el texto plantea crear mecanismos para liberar a personas encarceladas sin pruebas.
Hombres detenidos en marzo de 2022 poco después del estado de excepción. | AFP
Internos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). | AFP
Nayib Bukele en una asamblea general de la ONU en 2024. | AP
