Corte Suprema de Estados Unidos.
AFP
Los tribunales federales han bloqueado de manera uniforme la orden del presidente Donald Trump que pretende poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de alguien que se encuentra en el país de manera ilegal o temporal.
La Corte Suprema escuchará argumentos este miércoles en la apelación del gobierno de Trump a un fallo de un juez federal en Nueva Hampshire, quien concluyó que la orden ejecutiva que el Presidente republicano firmó el primer día de su segundo mandato "probablemente viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución" y la ley federal.
La orden de Trump formaba parte de la amplia ofensiva de su gobierno contra la inmigración, aunque esas restricciones a la ciudadanía por nacimiento nunca han entrado en vigor.
Lo que está en disputa es
el significado de la primera frase de la 14ª Enmienda, la Cláusula de Ciudadanía, que convierte en ciudadanos a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”.
Entre los jueces que se han pronunciado figuran los tres miembros liberales de la Corte Suprema, quienes han dejado claro que creen que la orden de Trump debe ser anulada.
"Con el trazo de una pluma, el presidente ha hecho de nuestra Constitución una 'burla solemne'", escribió la jueza Sonia Sotomayor en junio, citando una opinión de 1809 redactada por John Marshall, en ese entonces presidente del máximo tribunal.
Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, discrepó de una decisión de los seis jueces conservadores del tribunal, que utilizó una ronda anterior de la disputa sobre la ciudadanía por nacimiento para limitar el uso de medidas cautelares de alcance nacional por parte de jueces federales.
Tras la decisión del tribunal supremo, los jueces han explicado por qué creen que la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional, está en desacuerdo con las concepciones de ciudadanía establecidas desde hace mucho tiempo, es contraria a una decisión de la Corte Suprema de hace 126 años y no concuerda con el significado de la 14ª Enmienda en el momento en que fue adoptada en 1868.
Han escrito también sobre por qué es apropiado impedir que la orden entre en vigor a nivel nacional, incluso después del fallo de la Corte Suprema sobre las medidas cautelares.
La resolución definitiva del tribunal se espera para dentro de tres meses y, hasta entonces, los planes de la Casa Blanca permanecen congelados.
Se trata de un caso histórico y de una gran repercusión que podría alterar la vida de millones de estadounidenses, personas nacidas en el país y que han vivido siempre en él pese a que puedan tener padres indocumentados o extranjeros, y que impacta de lleno en la política migratoria de "mano dura" y restrictiva que el Presidente de Estados Unidos quiere aplicar.
El tribunal formado por nueve jueces, ya ha anulado parcialmente los aranceles que Trump consideraba claves en su política económica, y también debatirá en abril sobre el fin de las protecciones para los migrantes con estatus de protección temporal.
Aún están pendientes las resoluciones sobre la facultad del Presidente para destituir a miembros de organismos independientes, incluidos los gobernadores de la Reserva Federal.
