La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio por narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se inicie en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal.
La solicitud será uno de los principales temas de la audiencia fijada para este miércoles, instancia en la que se discutirá el calendario del proceso.
De acuerdo con el escrito judicial, el Ministerio Público estadounidense estima que el intercambio de pruebas podrá completarse antes del juicio, aunque aún quedan varias etapas procesales pendientes.
Entre ellas figuran la revisión de antecedentes clasificados, la presentación de mociones por parte de la defensa y la resolución de distintos recursos antes de fijar definitivamente la fecha del juicio.
Maduro y Flores, acusados de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, comparecerán este miércoles en la que será la tercera audiencia desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero.
El exmandatario se declaró no culpable en enero y permanece recluido desde entonces en una prisión federal de Brooklyn.
Uno de los puntos que podría marcar la audiencia es la intención de la defensa, encabezada por Barry Pollack y Mark Donnelly, de intentar invalidar el proceso.
Según un análisis publicado por The New York Times, las cortes estadounidenses podrían "no tener la autoridad para manejar su caso" debido a una legislación vigente en Estados Unidos. Los abogados buscarían sustentar esa tesis en las circunstancias y el procedimiento mediante el cual fueron detenidos los acusados en Caracas.
El proceso también ha estado marcado por decisiones del Gobierno estadounidense relacionadas con la defensa de la pareja.
En abril, Washington autorizó una modificación de las sanciones a Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano financiara los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, asunto que ha sido abordado en las audiencias previas.
Gobierno de Trump solicita inmunidad para Delcy Rodríguez
En paralelo, el Gobierno de Donald Trump solicitó inmunidad para la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda civil que otorgó una indemnización de US$314 millones a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos y torturados en ese país.
El Departamento de Justicia presentó un escrito ante un tribunal del distrito sur de Florida argumentando que Rodríguez debe ser protegida por su condición de autoridad en ejercicio.
En el documento sostiene que "La Constitución reconoce al presidente de Estados Unidos la potestad de representar a la Nación en sus relaciones exteriores" y recuerda que el Ejecutivo estadounidense ha designado a Rodríguez como la "presidenta Rodríguez como la jefa de Estado en activo de Venezuela", razón por la que considera que le corresponde inmunidad.