"Quienes cometen errores deben rendir cuentas por sus actos. Incluso si son menores de edad (...) Quienes agreden, roban o causan daños deben pagar siempre. Incluso si tienen 15 o 16 años. Por eso hemos actuado y seguimos actuando".
Con esas palabras, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se refirió a un proyecto de ley impulsado por su Gobierno, que busca modificar las normas para imputar con mayor facilidad a los menores de entre 14 y 17 años, como parte su ofensiva para combatir la criminalidad juvenil.
Se trata de una reforma judicial que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros y ahora deberá ser revisada por el Parlamento, y si bien no reduce la edad de responsabilidad penal, que se mantiene en 14 años, sí modifica el mecanismo de evaluación.
En detalle, actualmente, para imputar a un menor de entre 14 y 17 años, el juez debe verificar, caso por caso, su capacidad de comprensión y decisión en el momento del delito, mientras que
la nueva ley introduce una presunción refutable de responsabilidad penal: se considerará que el menor, en general, es capaz de comprender el significado de sus actos, salvo prueba en contrario.
Meloni aseguró que la norma "se dirige principalmente a aquellos que se creen intocables y explotan a menores como mano de obra para sus propios negocios, pero también sirve para castigar a aquellos chicos que piensan que pueden hacer lo que quieran porque saben que no les pasará nada".
El proyecto se suma a una serie de medidas que la primera ministra italiana ha levantado con el fin de frenar la criminalidad adolescente.
Y es que recientemente su gobierno también aprobó un proyecto de ley que permitirá retener de forma preventiva hasta por 12 horas a menores de edad en contexto de disturbios y manifestaciones, ampliando así una polémica doctrina de seguridad que anteriormente había sido aprobada para adultos.
"Se trata de personas que, en operaciones policiales específicas destinadas a prevenir delitos que alteren el orden público, pudieran llevar a cabo conductas que supongan un peligro para la seguridad", señaló al respecto el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
Ahora bien, ya en 2023 Meloni firmó el "decreto Caivano" tras la violación de dos primas de 10 y 12 años por un grupo de menores que conmocionó al país.
Con ello aumentó las penas para menores, facilitó su ingreso en prisión, extendió las posibilidades de prisión preventiva y redujo los supuestos en los que podían cumplir la condena fuera de la cárcel. Además, el decreto incluyó penas de cárcel a los padres que no escolaricen a sus hijos.
"La firmeza sin alternativas no basta, pero las alternativas sin firmeza no resuelven el problema", dijo Meloni sobre esta última ofensiva, que ha despertado críticas y cuestionamientos desde la oposición italiana.
