La Moneda y retraso en agenda de probidad: Más que la fecha, es esencial que sean buenos proyectos

El ministro Marcelo Díaz explicó que la próxima semana presentarán el resto de las iniciativas que ingresarán al Congreso, entre ellos, el que tipifica el cohecho y aumenta las sanciones en otros delitos de corrupción.

12 de Junio de 2015 | 14:01 | Por María Cristina Romero, Emol

Díaz restó importancia a la ausencia de los jefes de partido a la firma de los proyectos.

Héctor Flores, El Mercurio
SANTIAGO.- El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, justificó este viernes el retraso en la entrega de la totalidad de la agenda de probidad y transparencia. Esto, ya que se esperaba que la Presidenta Michelle Bachelet diera a conocer todos los proyectos legislativos que impulsará el Ejecutivo en esta materia.




"Hay dos de ellos que por exigencia legal, su presentación depende de la tramitación primero de reformas constitucionales. La ley establece expresamente que mientras se tramita una reforma en torno a esa misma materia, no puede tramitarse un proyecto de ley, y un conjunto de proyectos vinculados con órganos políticos o de carácter político van a ser presentados en los próximos días", explicó el vocero.

 

Ante esto, sostuvo que el Ejecutivo decidió tomarse "unos días más de tiempo para culminar una buena prestación de esos proyectos (...) prioritarios y críticos a la hora de hacernos cargo de lo que hemos venido señalando estos días y tiene que ver con la probidad y la transparencia", entre ellos, el que tipifica el cohecho y aumenta las sanciones en otros delitos de corrupción.



"Nos parece que más importante que haberlos tenido hoy para la firma, es que sean buenos proyectos, que permitan un buen debate. El compromiso -lo señaló la Presidenta- es poder ingresarlo a trámite la próxima semana", aseveró el ministro Díaz.



En ese sentido, recalcó el valor de las dos iniciativas firmadas esta jornada por Bachelet: la creación de una Comisión de Valores y Seguros y una Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (ver recuadro).



"Una de las cosas que siempre se critica es la famosa 'puerta giratoria', es decir, que un funcionario público al terminar su cargo en organismos como la Superintendencia de Valores y Seguros, que tienen a su cargo la regulación de determinado ámbito del sector privado, terminen trabajando en alguna empresa fiscalizada", expresó. 

 

Ausencia de ministro en Segpres



Marcelo Díaz, asimismo, se refirió a quién llevará adelante la tramitación de los proyectos en materia de probidad y transparencia, ya que aún no se nombra al reemplazante de Jorge Insunza en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).



"Hasta en tanto no se nombre un nuevo ministro o ministra esa tarea corresponde a la ministra subrogante, Patricia Silva, con la colaboración de todos los demás ministros del comité político", apuntó.



Ante la ausencia de los presidentes de partidos a la actividad, el vocero de Gobierno desdramatizó la situación, recordando que durante los viernes habitualmente los parlamentarios están en sus distritos y circunscripciones realizando trabajo territorial.

Detalle de las medidas

En La Moneda, la Presidenta Bachelet firmó dos indicaciones al proyecto de ley que crea una Comisión de Valores y Seguros, ingresado al Congreso en 2013.

Dicha estructura permitirá fortalecer su independencia y profundizar sus facultades regulatorias, fiscalizadores y de sanción.

Entre las indicaciones que se harán figuran: la dedicación exclusiva de todos los miembros del Consejo; el perfeccionamiento del mecanismo de designación y remoción del presidente de la instancia; el establecimiento de un régimen post empleo, y la ampliación de las medidas intrusivas a disposición del fiscal de la comisión.

La otra medida presentada fue el proyecto que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (Dgcop) y con el cual se busca institucionalizar la coordinación de concesiones.

Asimismo, se creará la figura del director general (por Alta Dirección Pública) e incorporará un plan de concesiones a cinco años plazo, el cual deberá ser sometido al concejo y conocido por el Congreso.
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