"No nos pueden decir que va a haber educación gratuita, si hay compañeros que van a estar 30 años más pagando deudas", afirmó Saavedra.
El Mercurio
SANTIAGO.- Agrupaciones de estudiantes endeudados, con el apoyo de la Confech, exigieron al Ministerio de Educación que la gratuidad universitaria sea "retraoactiva" y se condonen las deudas que actualmente mantienen miles de estudiantes que debieron financiar su educación superior a través de créditos bancarios, como el Corfo y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
"No es posible que exista gratuidad universal si es que hay más de un millón de estudiantes endeudados de aquí a 30 años más", sostuvo Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa, quien emplazó a las autoridades a condonar la deuda. "Necesitamos que la gratuidad y la condonación sea retroactiva", remarcó.
El dirigente sostuvo que esto se debe aplicar tanto a quienes hoy mantienen deudas como a quienes ya terminaron de pagar sus créditos. "Todos los que han terminado, con mucho esfuerzo, de pagar sus créditos tienen que recibir de vuelta su dinero o a lo menos los intereses usureros que han pagado. Hay gente que ha pagado el doble o incluso el triple de su carrera y eso es una vergüenza", remarcó.
Los estudiantes contaron con el apoyo de las presidentas de la FECh, Valentina Saavedra, y la Feusach, Marta Matamala, actuales voceras de la Confech, que los acompañaron hasta el Mineduc a entregar una carta al ministro Nicolás Eyzaguirre.
"No puede ser que se nos diga que va a haber educación gratuita, pero van a haber compañeros que van a estar 30 años más pagando deudas. Acá tiene que haber una condonación", afirmó Saavedra.
Los estudiantes endeudados por el Crédito Corfo denunciaron además que hay dos bancos –de Chile y Santander– que no han suscrito el acuerdo con el Mineduc y Corfo para entregar beneficios a los estudiantes endeudados.
"Acá parece ser que los bancos tiene más poder que el propio Gobierno para decidir sobre nuestras deudas y sobre nuestra educación", acusó la presidenta de la FECh, quien llamó al Gobierno a que "tome un rol activo en este tipo de situaciones".
