El diputado de la UDI, Felipe Ward.
El Mercurio.
SANTIAGO.- Mañana a eso de las 10 horas, el diputado de la UDI, Felipe Ward, llegará hasta la Contraloría General de la República para presentar el oficio en el que solicitará al organismo que se pronuncie sobre la "legalidad y pertinencia" del documental que realizará el Gobierno para registrar el legado de la Presidenta Michelle Bachelet.
En el texto, el parlamentario gremialista apunta a cuatro irregularidades en el proceso de adjudicación del trabajo, el cual tendrá un costo total de $40 millones y quedó a cargo de la realizadora Tatiana Gaviola.
En la primera de ellas, explica que habría un incumplimiento del artículo 66 del Decreto 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento de la Ley de Compras Públicas, porque no se verificó respecto de Gaviola el cumplimiento de los requisitos de la ley de compras a través de la respectiva documentación.
Además, añade que la profesional "no se encuentra hábil para contratar con el Estado en el registro de Chile Proveedores".
En el segundo punto, Ward indica que "existe una clara falta de fundamentación del trato directo, ya que no se indican las razones que llevan a contratar a la señora Gaviola Artigas. Simplemente se señala en el considerando 4: "la cual cumple a cabalidad el perfil profesional y técnico exigido", lo cual vulneraría el artículo 107 Nº 2 del Decreto 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento de la Ley de Compras Públicas.
Asimismo, subraya que "la cláusula tercera del contrato establece la obligación de desarrollar un guión documental 2014-2018, lo que se extiende más allá del período de contrato y de lo que es posible informar de lo realizado en el actual gobierno".
"Lo anterior vulnera el dictamen Nº 8.600 de 2016 de este órgano contralor, el cual establece: que los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan", añade.
Finalmente, en el cuarto punto, el legislador recuerda que "ya en el año 2002 la Contraloría General de la República se pronunció en contra del gasto realizado por el Ministerio de Salud en la publicidad del Plan AUGE, considerando irregular el gasto de 551 millones de pesos".
"Claramente la realización de una película documental sobre el gobierno de turno, y específicamente sobre la figura presidencial, no es algo que pueda ser considerado como necesario para el cumplimiento de sus funciones", concluye el documento.
