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SANTIAGO.- El senador Víctor Pérez y el diputado Sergio Gahona, ambos de la UDI, sostuvieron hoy una reunión con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, a quien solicitaron que se invalide la licitación del programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
Al respecto el diputado Gahona, integrante de la comisión investigadora, señaló que "vinimos a entregar al contralor nuevos antecedentes respecto de las irregularidades en la licitación 2016 del programa de alimentación escolar".
"Estamos hablando de una licitación de 300 millones de dólares. Si bien Junaeb, a propósito de las denuncias que nosotros hicimos, liquidó los contratos de una empresa, creemos que la licitación completa está mal y aquí hay varias empresas que no cumplen con los requisitos y se está adjudicando de manera irregular esta licitación”, aseguró.
Añadió que “hay ciertas empresas que no cumplen con los requisitos y aquí no se puede emplear este chantaje al decir que se ha iniciado el año escolar y debemos entregar alimentación para aceptar estos casos irregulares".
"Esperamos que Junaeb tome las medidas correspondientes y especialmente la ministra de Educación que se haga responsable de esta situación que hoy está ocurriendo”, agregó.
Por su parte, el senador Pérez afirmó que “estamos frente a un verdadero escándalo en todo lo que son los contratos para darle alimentación a los niños y niñas de nuestro país".
"Una licitación por más de 220 mil millones de pesos es hecha de manera irregular en al menos seis contratos. Es claramente una figura escandalosa y aquí se le dan contratos millonarios a empresas que no cumplen con los requisitos que establecen las bases y se hace de una manera burda, hay una conducta de irregularidad, una serie de acciones que le está causando un daño al fisco”, aseveró el senador.
Recordó que este daño al fisco “ya en 2015 fue de alrededor de 5 mil millones y este año puede ser aún peor. Por lo tanto, no puede el Gobierno seguir mirando para el techo. Tiene que asumir y tomar el control de esta licitación y regularizar cada uno de los contratos y que el país sepa que la alimentación de nuestros niñas y niños no está siendo usada para defraudar al fisco y beneficiar a determinadas empresas".
