El senador dijo que "está comprometida la palabra de la Presidenta de la República".
Agencia Uno
SANTIAGO.- "Hay que enviar el proyecto a trámite legislativo, porque es en sede parlamentaria donde se debate, se negocia y donde se logran acuerdos". Tajante fue el senador y miembro de la comisión de Educación, Ignacio Walker, quien instó a La Moneda a enviar ya al Congreso el proyecto de ley de reforma a la Educación Superior.
El congresista habló con Emol antes de participar en la reunión de emergencia entre el Gobierno y los parlamentarios en el Palacio Presidencial que encabeza el ministro Mario Fernández, para abordar el futuro del proyecto, que ha sido postergado y que los rectores califican como "paupérrimo".
"El trabajo ha sido intenso y extenso. Por lo tanto, hay que enviar el proyecto a trámite legislativo, porque es en sede parlamentaria es donde se debate, se negocia y donde se logran acuerdos", dijo Walker.
"Es legítimo que los rectores de las universidades del Estado y de las universidades no estatales tengan críticas desde su particular punto de vista. Este proyecto no está hecho para satisfacer a los legítimos intereses particulares, sino debe tener una perspectiva general de bien común", manifestó.
Walker espera que "el Gobierno envíe el proyecto sin mayor dilación y que empiece el trabajo legislativo", pues La Moneda se comprometió a enviarlo el jueves pasado, y aún ello no se concreta.
"Aquí está comprometida la palabra de la Presidenta de la República, quien dijo que este proyecto ingresaba a trámite parlamentario el 30 de junio, es decir, el jueves pasado. También el ministro Eyzaguirre se ha comprometido, y así me lo ha dicho formalmente, a que el martes se dé cuenta de este proyecto de ley en el Parlamento".
"Por lo tanto -concluyó- no podemos doblarle la mano a la Presidenta Bachelet".
Los rectores de las universidades estatales en un principio apoyaban el proyecto. Sin embargo, dieron un giro en su posición tras conocer más detalles de la iniciativa y le quitaron su respaldo.
Acusan que "que no hay un trato preferente" como se había prometido, pese a que el Gobierno insiste que sí existe. Además, critican que se siga financiando "el mercado universitario privado" con fondos estatales y cuestionan que no se incluyan ninguna medidas para aumentar la matrícula.
Mientras que las nueve universidades no estatales del Consejo de Rectores aseguraron que el proyecto de ley las "ignora" y "discrimina", ya que no figuran entre las prioridades de la reforma. Es decir, critican que se omita un apoyo estatal a esas instituciones en términos de financiamiento, pese a que también cumplen un rol público.
Asimismo, rechazan que el Estado regule los aranceles de las universidades que tengan gratuidad.
