SANTIAGO.- El proceso constituyente del Gobierno está en su recta final, la que contempla el desafío de sistematizar las opiniones ciudadanas registradas en unas 15 mil actas de los encuentros locales y cabildos, en un máximo de dos meses, plazo que fue criticado por el Consejo de Observadores.
En noviembre -según el cronograma del Ejecutivo- la Presidenta Michelle Bachelet recibirá el documento que sintetizará las opiniones de quienes participaron en el proceso, que se realizó entre abril y julio de este año.
El Gobierno ha señalado que ese texto será el principal insumo para el proyecto de reforma constitucional comprometido por la Mandataria, según consigna
El Mercurio.
En el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) existe la creciente inquietud respecto al modo en que se realizará el procesamiento y, sobre todo, por el tiempo que tendrá el equipo a cargo para entregar el informe.
Equipo sistematizador
En los próximos días, los expertos del Centro de Estudios de Argumentación y Razonamiento (CEAR) de la Universidad Diego Portales, que dirige el filósofo Claudio Fuentes, firmarán contrato con el Gobierno.
El Ejecutivo le dio a dicho equipo un plazo de dos meses para el análisis de los más de 250 mil comentarios que fueron registrados en las actas. De esta manera, el texto debería estar terminado en noviembre.
Sin embargo, miembros del consejo mantienen dudas sobre la calidad del trabajo que se logrará en un plazo de dos meses. "Según lo que nos informaron, hay una gran cantidad de datos que procesar con tiempos muy limitados, y al consejo le importa mucho que se haga con gran rigor", señaló Hernán Larraín Matte. En la misma línea se manifestó su par Héctor Mery.
El consejero Gastón Gómez sostuvo que existe un tiempo "insuficiente para entregar un trabajo de calidad", y agregó que "no hay explicación seria ni existe un cronograma formal para la presión que ha puesto el Gobierno a los sintetizadores".
Ante estas dudas, el presidente de la entidad, Patricio Zapata, garantizó que observarán cada una de las etapas de la sistematización.
Por su parte, Claudio Fuentes expresó que "una investigación como esta, que haga un análisis de contenido desarrollando los esquemas argumentativos de las opiniones de la gente, se podría demorar lo que dura un proyecto de investigación: dos a tres años". El filósofo explicó que "requiere de un grupo grande y capacitado de análisis para trabajar 24/7 durante dos meses".
Investigación paralela
El consejero Francisco Soto indicó que desarrollarán -con otros técnicos- un análisis de las actas. El estudio se efectuará con un horizonte de plazo de dos años, "como dicen que corresponde", precisó.
Agregó que el debate constitucional "no se resuelve con lo que propongan los sistematizadores, sino que claramente eso queda abierto a ser complementado, o incluso impugnado por análisis más exhaustivos".
Por otro lado, algunos integrantes del consejo decidieron realizar -en los mismos dos meses estipulados por el Gobierno- un análisis paralelo del registro de las actas. Este trabajo ya fue encargado a profesionales de la Universidad de Chile.
