SANTIAGO.- El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió a la demanda contra el Estado que anunció la Universidad Católica, luego de que en la Ley de Presupuesto 2017 el Ejecutivo eliminara el Aporte Fiscal Directo (AFI), que se entregaba a las universidades que captaban a los 27.500 mejores puntajes en la PSU.
Según afirma el plantel, la medida le causaría un perjuicio patrimonial de $1.700 millones.
Al ser consultado por el tema, el ministro Valdés –quien lideró la tramitación del Presupuesto– afirmó que "evidentemente cualquier chileno o chilena, persona o institución, tiene derecho a recurrir a los tribunales como estimen conveniente".
No obstante, sostuvo que "judicializar temas presupuestarios es de la máxima gravedad para un país".
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, defendió eliminar la eliminación del AFI, porque sostuvo que "es un mecanismo que ya ha demostrado tener algunas falencias para la construcción de mayor equidad en el acceso a la educación superior".
También afirmó que "el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de alternativas que está comunicando a las distintas instituciones de educación superior".
Agregó que "ésa es la información que manejamos y esperamos que el Ministerio de Educación pueda desarrollar con mayor detalle el resto de los antecedentes que se puedan derivar de este caso".
