El subsecretario de Interior y Seguridad Pública, Mahmud Aleuy, informó que durante el gobierno de Bachelet se han presentado 19 querellas por terrorismo.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Diecinueve querellas por Ley Antiterrorista ha presentado el Gobierno durante su administración, desde marzo de 2014.
Así lo detalló este lunes el subsecretario de Interior y Seguridad Pública, Mahmud Aleuy, agregando que "nunca hemos tenido problema en calificar como terrorismo una actividad violenta".
La última acción penal de este tipo fue ingresada el sábado ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago contra todos quienes resulten responsables del atentado que sufrió en su domicilio el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien recibió un paquete con un artefacto explosivo, simulando ser un regalo.
Otro de los casos en los que el Gobierno se hizo parte como querellante e invocó la misma calificación, fue por la detonación de una bomba en una oficina bancaria de La Cisterna, y por el incendio de un bus del Transantiago en La Florida, donde dos hombres habrían dejado un artefacto en la parte trasera de la máquina de la empresa Subus.
Ambos ataques ocurrieron en febrero de 2016.
Un mes antes, el Ejecutivo también se querelló contra contra todos los supuestos responsables de la colocación de una bomba -que no detonó- en la cárcel de Temuco.
El hecho ocurrió el 15 de enero cuando dos desconocidos, a las 11:00 horas, dejaron a un costado del muro del recinto, un artefacto compuesto por 13 cartuchos de dinamita.
El viento apagó la mecha antes de que estallara y frustró una explosión que habría afectado a 100 metros a la redonda, en un barrio residencial.
Atentados en La Araucanía
En diciembre de 2014, en tanto, la Intendencia de La Araucanía interpuso una acción penal invocando la ley 18.314 por la colocación de dos artefactos explosivos en instalaciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) en Temuco. Dos meses antes, el Gobierno hizo lo mismo tras el ataque a otro cuartel policial de la zona, donde un artefacto fue lanzado junto a un estanque con 400 kilos de gas licuado (que no explotó) y en un barrio residencial de la ciudad.
En octubre del mismo año, la Unidad Jurídica del Ministerio del Interior invocó la Ley Antiterrorista en una querella contra los presuntos responsables de la muerte de Sergio Landskron, quien -según estableció la Fiscalía Sur- recogió un artefacto explosivo en la calle, lo transportó por varias cuadras sin saber qué era, y murió cuando estalló al manipularlo.
Asimismo, en septiembre de 2014, el Gobierno se querelló por terrorismo contra los autores del bombazo ocurrido en el Subcentro de Escuela Militar, que dejó una veintena de heridos.
Por este hechos, fueron acusados Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzmán, quienes en los próximos meses enfrentarán un juicio oral arriesgando penas que van desde los diez años de cárcel hasta presidio perpetuo, en el caso de Flores.
