SANTIAGO.- Uno de los momentos claves del proceso constituyente del Gobierno transcurrió ayer en La Moneda, con la entrega de las conclusiones de cabildos y encuentros locales a la Presidenta Michelle Bachelet.
Pese a que no se notó en la ceremonia de ayer, existe preocupación entre varios integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores por inconsistencias que se habrían identificado en el documento que el Comité de Sistematización —contratado por el Ejecutivo para registrar las opiniones de la fase participativa del proceso constituyente— entregó ayer a la Mandataria.
Dichas contradicciones las advierten al contrastar esos resultados con los arrojados por un informe —al cual tuvo acceso "
El Mercurio"— solicitado por un grupo transversal de consejeros a la Universidad de Chile, que realizaron un trabajo paralelo al encargado por el Ejecutivo.
Este fue uno de los motivos por el cual el Consejo rechazó la idea que hace algunas semanas le planteó el Ejecutivo: que el trabajo realizado por el comité de sistematización y las Bases Ciudadanas, redactadas por el Consejo, estuviesen contenidos en un mismo documento.
Así, ayer la Presidenta Michelle Bachelet recibió dos informes por separado. Por un lado, el del grupo de sistematizadores —compuesto por María Cristina Escudero, de la U. de Chile; Ignacio Irarrázabal, de la U. Católica, y Rodrigo Márquez, del PNUD—, y por otro, el del consejo que preside el abogado Patricio Zapata.
Estudio paralelo
Francisco Soto, Gastón Gómez y Patricio Fernández, entre otros, trabajaron en conjunto con un equipo de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, liderado por Constanza Ihnen, para la redacción del ítem sobre derechos de las Bases Ciudadanas.
El informe de la casa de estudio resultó ser contradictorio, principalmente en materia de educación, con el que ayer entregó a la Presidenta el comité de sistematización.
El documento registra, por ejemplo, que un 2,4% de las personas concibió la educación como un derecho "social", un 1,7% como "humano" y un 8,6% como "fundamental".
En contraste, el informe de los sistematizadores destaca, en la primera frase de las "ideas fuerzas", sobre el derecho a la educación, que esta "se describe como un derecho social y humano, fundamental". Más abajo, especifican que, de los participantes, un 7% lo clasificó dentro de "derecho social", un 8% "humano" y un 20% "fundamental".
Aquello se repite en el resto de los conceptos mencionados para describir este derecho.
Al respecto, Gómez lamentó que en el documento que hoy está en manos del Ejecutivo se hubiesen "tergiversado" las opiniones de los concurrentes a encuentros locales.
Por su parte, Soto explica que en el documento de Bases Ciudadanas del Consejo se marcaron "matices y diferencias" respecto de los resultados arrojados por los sistematizadores. "Los discursos más estatistas en materia de educación no representan más del 30% en encuentros locales, y eso no se expresó adecuadamente en el informe de sistematización, donde se vincula la educación a un derecho que debe ser enteramente dirigido por el Estado", señala.
En tanto, Hernán Larraín Matte apunta a que "por lo que pude revisar del informe de los sistematizadores, al menos en materia de educación existen inconsistencias entre lo que los ciudadanos señalaron y lo que el comité terminó resumiendo en su estudio. Sería muy delicado que el Gobierno lea lo que dijo el comité de sistematización como lo que dijo la gente".
Y añadió: "Veo una traducción política de un diálogo que fue mucho más ciudadano. Esa es una diferencia que los sistematizadores debiera explicar".
