SANTIAGO.- Noventa kilos pesaba la educadora de trato directo que le hizo contención física a Lissette Villa Poblete, de 11 años. Ella se habría montado sobre la espalda de la niña, afirmándole las manos, mientras una colega suya le contenía las piernas a la menor que murió en abril pasado en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino del Sename, ubicado en la comuna de Estación Central.
Este es uno de los antecedentes que se irán entregando a partir de hoy, cuando el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork —junto a los persecutores que indagan la muerte de menores en centros de ese organismo— dé a conocer los fundamentos en la audiencia ante el 7° Juzgado de Garantía, para formalizar a ocho imputados por apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte, señala "
El Mercurio".
Los hechos están descritos en el informe final del caso que realizó la fuerza de tarea del Sename de la Policía de Investigaciones (PDI), el cual fue entregado al fiscal el martes 16 de enero. El documento tiene más de mil fojas, distribuidas en cuatro tomos. Ahí constan declaraciones de 350 personas y 285 anexos de peritajes y documentación.
Hay peritajes de infoingeniería (revisión de correos electrónicos y equipos computacionales), de electroingeniería (relativo a los peritajes de teléfonos móviles), fotografías y peritaje documental a libros con novedades, de constancias y de coordinación en el centro del Sename.
El jefe de este grupo, el comisario Francisco Ceballos, comenta que en el informe "se establece fehacientemente cómo ocurrieron los hechos, los tiempos en los cuales ocurrieron, y de allí se llega a la conclusión de que en la muerte de Lissette hubo participación de terceras personas de manera directa".
Cargos como autoras
Para la presentación de cargos, el fiscal Emilfork recurrió al artículo 150 letra A del Código Penal, que se refiere al empleado público que aplicare tormentos o apremios ilegítimos y tortura a una persona privada de libertad. Bajo esa imputación se encuentran Conne Fritz Castillo y Thiare Oyarce García, educadoras de trato directo (ETD), quienes la habrían asfixiado luego de intentar contenerla.
Según el informe de la PDI, las dos eran funcionarias relativamente nuevas en el Cread Galvarino, quienes habrían actuado con total desconocimiento del protocolo que se debería usar y sin conocimiento de primeros auxilios. Una llevaba cinco meses trabajando en ese hogar y la otra siete.
En las diligencias de la policía se pudo establecer que se habría realizado mal la contención de Lissette, manteniéndola 10 a 15 minutos inmovilizada, comprimiendo su región torácica y abdominal. Eso es lo que finalmente provoca que Lissette tenga problemas para respirar, de acuerdo al informe.
Pese a todos los esfuerzos que hicieron las educadoras, personal del SAMU y bomberos que llegaron al lugar no lograron revivirla, concluye el equipo especial de la PDI.
La policía, para sustentar esta conclusión, utiliza el tercer informe de autopsia que hizo el Servicio Médico Legal (SML) sobre la muerte de Lissette. Este señala como causa de muerte una asfixia mecánica combinada con elementos de sofocación, lo que es conteste con las declaraciones de testigos de los documentos de la PDI.
El primer informe indicó "causa de muerte indeterminada". El segundo, "arritmia cardiaca por uso de fármacos".
Los otros imputados en la causa serán la directora del centro, la psicóloga Mónica Monje; la auxiliar de párvulos Jéssica Figueroa, y el coordinador de turnos del centro Galvarino, Leonardo Lefián. A las dos primeras sería en calidad de encubridoras. Y el último habría realizado apremios a Lissette con anterioridad a la noche de su muerte. También el fiscal formalizará a otros tres ETD.
Vida de abusos
En la investigación de la PDI queda en evidencia que el historial de vida de Lissette es una seguidilla de abuso a sus derechos. Su institucionalización para restituirle sus derechos partió en 2009, por una medida de protección debido al mal cuidado de su madre. Cinco años después, en 2014, denunció a su padre por abuso sexual, y el caso llegó a la justicia.
El 10 de abril de 2016 fue crítico para Lissette: su madre había quedado de ir a verla, pero luego llamó por teléfono para avisar que no lo haría. La niña esperaba, y entonces le avisaron que no llegaría. A partir de eso comenzó con manifestaciones de rabia. Al día siguiente, Lissette presentó varias descompensaciones, con constantes problemas de desajuste conductual y agresiones contra los compañeros, contra las educadoras de trato directo, y también contra sí misma.
Ella no se ajustaba en los hogares de menores a donde la derivaban. Incluso llegó a estar internada en el Hospital San Borja, en la Unidad de Corta Estadía, por tres meses, en 2014, mismo año de la denuncia contra su padre por violación. Se requería de un centro especializado donde pudiera ser tratada. Por eso fue haciendo este tránsito de hogar en hogar, y llegó dos veces al Cread Galvarino.
