SANTIAGO.- Fue una diligencia que se desarrolló en completa reserva. La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, tomó declaración como testigo en enero a Hugo Belens, quien se habría desempeñado como el último representante legal de OAS en Chile.
Según registros, salió del país a mediados de 2015, pero volvió a ingresar en enero pasado y en esa oportunidad testificó en la indagatoria por fraude al fisco, delitos tributarios e infracción a la Ley de Donaciones, que dirige la investigadora en relación con la rendición de gastos de la campaña de 2013 de Marco Enríquez-Ominami, ME-O.
Una declaración cuyo contenido no ha trascendido y en la que fue necesaria un traductor, según consigna
"El Mercurio".
OAS dejó de funcionar en Chile en abril de 2015 y cerró sus puertas un año antes de que la fiscalía recibiera la denuncia de los diputados de Chile Vamos. Los contratos de arriendo que la constructora brasileña tenía en el país terminaron a mediados de ese año, retirando todo del lugar.
Esta información se obtuvo en las primeras diligencias realizadas por la fiscalía, toda vez que se ordenó a la PDI precisar la ubicación de las oficinas de la empresa y sus ejecutivos, dijeron fuentes allegadas a la indagatoria.
Cuando se inició la investigación en Chile, en abril de 2016, OAS y su plana gerencial había abandonado el país hace cerca de un año. Su último gerente, Jaume Serret -quien ya prestó declaración también en la causa-, fue desvinculado en marzo de 2015.
Las incautaciones ocurridas el viernes pasado, a raíz del retraso de la entrega de la documentación, no fueron en las oficinas de la empresa, según se aclaró, sino que en las bodegas de una compañía de almacenaje contratada por los brasileños. Y ello porque la fiscal Chong había verificado la existencia de estos lugares, donde OAS guardó documentos tras retirarse de Chile.
La indagatoria en primera instancia apuntó a Marco Enríquez-Ominami, pero que luego incluiría a la campaña de Michelle Bachelet. Desde agosto a diciembre, la investigadora ha solicitado información a los tribunales brasileños de supuestos aportes a políticos chilenos. Al menos dos requerimientos aluden a la campaña de la Mandataria. Pero, aún no hay respuestas.
La persecutora aseguró ayer que las acusaciones contra la Presidenta, no son parte de sus investigaciones, al menos por ahora. "Esa información no la tenemos incorporada a la carpeta de investigación formalmente. Nosotros no nos dejamos llevar por informaciones de la prensa", dijo, aunque añadió que "yo no voy a confirmar ni descartar nada".
