SANTIAGO.- En poco más de dos meses, desde que asumió el 6 de diciembre pasado, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha realizado denuncias ante el Ministerio Público en contra de 42 funcionarios del municipio por irregularidades. Las anomalías fueron detectadas por las auditorías internas que ha realizado su equipo jurídico.
Su antecesor, Christian Vittori, renunció de forma anticipada al cargo el 18 de noviembre para enfocarse en su defensa por la investigación del caso Basura. El ex edil está formalizado por cohecho, lavado de activo, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
"No vamos a dejar que ningún peso de la comuna sea gastado en forma irregular", ha dicho la alcaldesa, según publica
"El Mercurio".
Aparte del equipo jurídico, está colaborando con ella el ex presidente del Consejo para la Transparencia Raúl Urrutia, "con el objeto de auditar y hacer un levantamiento en las diversas direcciones del municipio. Lo anterior, dentro del marco de transparencia, que es el sello que quiero imponer", dijo Barriga.
Además, se reunió con el contralor Jorge Bermúdez, a fin de celebrar un convenio de probidad, entregándole las bases de licitación de la basura para su análisis preventivo.
Desde que asumió como alcaldesa, cinco son los frentes que se han abierto por la revisión de antecedentes.
Falso título profesional
Otra de las denuncias que realizó la alcaldesa ante el Ministerio Público fue por una supuesta falsificación de instrumento público.
Por estos hechos, se desvinculó de la municipalidad a Carlos Rodríguez Godoy, por un "falso título profesional", quien había sido contratado a prestación de servicios a honorarios el 12 de agosto de 2016, mediante un memorando. El funcionario presentó un certificado de título profesional de ingeniero civil de la Universidad del Bío-Bío, el que resultó ser falso, según esa casa de estudios.
El ex funcionario niega los hechos y ha sostenido que su desvinculación es por "discriminación de tipo homofóbica", lo que descartan desde el municipio.
Trabajadores y horas extras "fantasma"
El fiscal de Maipú, Eduardo Jeria, será el encargado de investigar diversas irregularidades detectadas en el municipio de Maipú. Barriga tuvo que declarar en calidad de testigo en dependencias de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente por su denuncia de la existencia de "funcionarios fantasma", que perciben remuneraciones, pero que no están en sus puestos de trabajo.
El total de los empleados denunciados son 41, por eventuales delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
La gran mayoría son casos de funcionarios que estaban asignados a una unidad, pero que sus jefaturas no conocían, y que debían realizar informes que eran entregados por otros empleados. También hay casos en que trabajadores solicitaban licencias a médicos pediatras. Y otros, que tenían horas extras mientras estaban con licencia; o bien, figuraban con asistencia a trabajar, pero se encontraban en el extranjero por labores que no correspondían a sus funciones.
Querella en el caso Basura
El próximo martes, la alcaldesa también se querellará en la investigación del caso Basura, en la que fiscalía indaga al ex concejal Marcelo Torres (RN), que habría recibido millonarios pagos de la empresa KDM para repartirlos entre los también ex concejales Carlos Jara (PPD) y Carol Bortnick (PPD), el ex alcalde Christian Vittori (ex DC) y Carlos Richter (RN).
Esto, con el objetivo de asegurar que KDM fuera la empresa elegida para recibir la basura de Maipú durante cinco años, por un contrato de $10 mil millones.
En otra arista, también está formalizado el ex concejal Antonio Neme (UDI), al que se le imputa cohecho por $53 millones, dinero de la empresa Proactiva.
Pidió revisión y modificación de trazado de oleoducto
La alcaldesa también solicitó a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Andrea Paredes, la revisión y modificación del trazado del oleoducto y realización de una evaluación de impacto ambiental.
Esto, porque la comuna tiene proyectos como un relleno sanitario, dos plantas de tratamiento de aguas servidas, alrededor de seis faenas de extracción de áridos, "casi todas ilegales y que deberían haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)", dice la presentación. Además de un sinnúmero de redes y trazados de infraestructura energética y sanitaria, como torres de alta tensión, colectores de aguas servidas, gasoductos, poliductos y oleoductos.
Según el municipio, dichas actividades industriales y de servicios causan diversos impactos ambientales, como la generación de gases odorantes (malos olores), ruido, y pérdida del suelo, vertederos ilegales, congestión vehicular, emergencias químicas, incendios y/o explosiones. Por estos hechos, la edil recurrirá al Tribunal Ambiental de Santiago.
