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En noviembre de 2018, el tribunal competente sobreseyó definitivamente la causa en contra de doña Carla Andrea Barrios Pereda, ya que de acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público, no se reunieron los antecedentes suficientes para fundar una acusación.
SANTIAGO.- Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó este jueves la empresaria educacional Carla Andrea Barrios Pereda (38), quien fue detenida anoche por los efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, acusada de estafar a varias familias por un monto que en principio ascendería a los $40 millones.
La mujer fue denunciada por varias madres y padres de pequeños que eran alumnos en los dos jardines infantiles "Alelí" de Las Condes que son de su propiedad.
Algunas de ellas hablaron con Emol y relataron lo que han vivido en los últimos meses, luego que se enteraran que la imputada factorizó los cheques que le habían entregado y ahora estas empresas las llaman a diario para cobrarlos, amenazándolas incluso con embargar sus bienes pues fueron demandadas en la justicia civil.
Tal es el caso de la argentina Andrea Mazzino, quien relató que en enero pasado entregó a Barrios 10 cheques como pago por el servicio de jardín infantil al que asistiría su hija a partir del próximo mes.
"La matrícula la pagué con transferencia bancaria, pero a la semana siguiente de entregados los cheques me cobraron el del mes de diciembre de 2017. Me dijeron que era un error y que lo corregirían, pero nunca lo hicieron. Después intentaron cobrar un segundo cheque, por lo que di orden de no pago. Ella (Barrios) desapareció después de eso", relató la afectada que lleva ocho años en Chile.
Mazzino agregó que cuando pudo ubicar a la imputada, ésta les contestaba "altaneramente que teníamos que esperar".
"Al principio no creíamos que era una estafa y creímos que era un problema administrativo y nada más. Uno fue creyendo que se iba a resolver, pero no", agregó.
Quien está en la misma situación es María José Céspedes, la que retiró a su pequeña hija por "incumplimiento de contrato. Las tías comentaban que no les pagaba los sueldos. Nunca le dieron el rol Junji a los jardines y tampoco tenían rol del municipio".
La pequeña hija de María José estuvo de agosto de 2015 a febrero de 2016 en uno de los recintos de Barrios. La afectada relató a Emol que le solicitó a la detenida que le devolviera los cheques, pero solo le pasó seis de diez y los otros cuatro están factorizados.
Demandas civiles, Dicom y amenazas de embargo
Ahora ambas víctimas -como varias de la veintena de las que han sido detectadas hasta ahora- se encuentran enfrentadas a un proceso en la justicia civil.
Lo anterior porque fueron demandadas por las empresas de factoring, las que reclaman el pago de los cheques que se encuentran en su poder.
"Estoy con orden de embargo e imagino que estoy en Dicom. Estoy esperando que me vengan a notificar por algo que yo no ocupé", sostuvo María José Céspedes, quien también reveló que cuando se enteró de los problemas en el jardín, estaba embarazada y su segunda hija nació prematura a raíz del estrés que le produjo el inconveniente.
En tanto, Andrea Mazzino, relató que el abogado de la empresa de factoring se comunicó con ella para notificarla de la demanda judicial.
"Él nos dijo que pagáramos y que tenían todo el derecho de cobrarnos el dinero por si Carla no pagaba", reveló, la afectada.
Mazzino contó también que ella aún no está en Dicom, "pero hay varios papás que sí lo están. Pusimos una abogada para querellarnos y nos han amenazado con embargar nuestros bienes. Ojalá paren con esto".
