SANTIAGO.- Este jueves, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, Álvaro Flores, junto a otros tres miembros de gremio partirán rumbo a Washington para comparecer el sábado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿El objetivo? Exponer ante el organismo internacional aquellas falencias de la organización judicial chilena actual "con un sistema jerárquico, vertical y piramidal, lo que es inadecuado para una democracia porque genera controles que no existen en ninguna parte del mundo", según explicó a Emol Flores, agregando que lo anterior "impide que el juez sea realmente independiente".
"Buscamos, específicamente, independencia judicial", recalcó el magistrado, detallando que "recurrimos a esta instancia para que Corte intervenga ante el Estado chileno y promueva un diálogo para iniciar una reforma del sistema de organización de la justicia chilena".
"Queremos dar noticia ante el sistema interamericano de justicia del problema de independencia interna de los jueces chilenos que se produce por la falta de norma que la garanticen. A la luz de la propia doctrina del sistema interamericano, el modelo chileno presenta serios problemas para garantizar la independencia, pues concentra en la Corte Suprema la revisión de las resoluciones jurisdiccionales y el control de la carrera de los jueces", especificó.
Asimismo, Flores agregó que actualmente existen múltiples instituciones -como la Superintendencia Administrativa, Correccional y Económica de la Corte Suprema- por la cual tiene el control del gobierno judicial, lo que "atenta contra la independencia de los jueces".
"Tales instituciones son el régimen de calificaciones, el régimen disciplinario sin debido proceso, la carrera judicial sin mecanismos objetivos de promoción y las visitas que hacen los ministros a juzgados de primer grado", continuó,
Por todo lo anterior, explicó, el gremio ha insistido en que la Corte Suprema, como todo el resto de los tribunales del país "deben abocarse exclusivamente a labores jurisdiccionales y dejar que los aspectos administrativos y de gobierno, se encarguen a un órgano administrativo distinto", enfatizando que "ese cambio necesita reforma legal y constitucional".
En esa misma línea, detalló que la Asociación presentó un proyecto para modificar aquellas falencias, en el año 2015, sin embargo, hasta ahora, no ha habido resultados.
Por último, reiteró que “la independencia no es una prerrogativa de los jueces sino un derecho de las personas que recurren a tribunales”, puntualizando que “no hay otros sistemas jurídicos en el mundo que tengan este diseño”, lo que refleja que en el país este ámbito “está muy atrasado”.
La comparecencia a la Comisión Internacional de Derechos Humanos será la primera vez que el gremio –que representa a 1.300 asociados- exponga sus inquietudes a nivel internacional y es la acción más fuerte que ha realizado la organización.
Una vez realizada la audiencia, en un plazo de 3 semanas a un mes, la organización deberá emitir un informe, el que puede contener una opinión sobre el asunto en cuestión o bien, podrá instar al Estado de Chile para que modifique sus normas internas en esta materia.
