SANTIAGO.- El magistrado del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, que ha estado en el ojo del huracán por acusaciones de acoso laboral de funcionarios del tribunal y por diversos sumarios administrativo por los cuales podría ser removido del Poder Judicial, se va del tribunal por un año.
Hace un par de semanas solicitó autorización para irse en comisión de servicio como juez internacional por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras de la OEA, durante doce meses. Sin embargo, el pleno de la Corte Suprema resolvió el viernes pasado que Urrutia se fuera con un permiso sin goce de medio sueldo, algo que había pedido en subsidio.
El magistrado será el primer magistrado chileno en trabajar en esta instancia.
En el viernes pasado también resolvieron una apelación que había presentado Urrutia por la resolución del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago que decidió denunciarlo ante el Ministerio Público por prevaricación; es decir, por dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta. Esto por la causa en que se sobreseyó definitivamente a 76 personas de Andha Chile que se tomaron una sucursal bancaria en septiembre del año pasado y de los cuales un grupo ya había sido condenado. La Cuarta Sala del tribunal de alzada estimó que había “cosa juzgada”, por lo cual el magistrado no tenía facultad para revocar una resolución ejecutoriada.
Sin embargo, la Corte Suprema revocó la decisión de enviar antecedentes al Ministerio Público.
Su viaje a México
El juez podría ser exonerado por ser sancionado en más de una investigación disciplinaria, lo que lo dejaría en lista deficiente; es decir, con una nota inferior a 3, lo que implica una expulsión inmediata (ver recuadro). Meses antes de tomar la decisión de irse a Honduras, había presentado un amparo gremial en contra del tribunal de alzada e interpuso un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que cuestiona el debido proceso.
Esta no es la primera vez que el juez se va de Chile en medio de sumarios administrativos. En 2007, se “autoexilio” durante tres años en Chiapas, México, ciudad en la que hizo clases en la Universidad Autónoma.
Este viaje fue una manera de sanear su hoja de vida porque ya que había sido sancionado en dos ocasiones; y con una tercera, durante un periodo de tres años, arriesgaba ser expulsado del Poder Judicial.
La Corte de Apelaciones también había solicitado el traslado del juez Daniel Urrutia y del administrador del 7° Juzgado de Garantía, Alfredo Román. A este último, que denunció ante la Corte el mal clima laboral por lo cual la Asociación Chilena de Seguridad le dio licencia por estrés a él, y también a otros funcionarios, lo enviaron al Quinto Tribunal Oral en lo Penal.
Toda esta crisis en el juzgado más grande del país, llevó la Corte a enviar a la ministra Adelita Ravanales para intervenir el tribunal, quien propuso el traslado del juez y del administrador. Pero la Corte Suprema no concedió el traslado del magistrado Urrutia.
Los sumarios que lo complican
A parte del caso ligado con la absolución de 76 personas de Andha Chile, las otras investigaciones disciplinarias son: por ordenar a los funcionarios del tribunal transcribir ciertas resoluciones dictadas en audiencias de preparación de juicio oral, y por una denuncia del magistrado Ponciano Sallés por críticas que hizo de una resolución suya en audiencia.
El juez había reprogramado un juicio simplificado, sosteniendo que le correspondía verlo a Urrutia. Este último resolvió que no le correspondía a él, sino que a Sallés.
Estos procesos están suspendidos por orden del TC. El otro sumario es por ordenar en una resolución que el Servel tomara medidas para que imputados en prisión preventiva votaran. Este fallo fue dejado sin efecto por la Corte Suprema tras petición del CDE.
También está pendiente resolver si se abre investigación por autorizar una visita a 12 internas adolescentes del CIP de Santiago para que fueran a ver a parientes en diversos penales del país; al cuidado de Gendarmería. En una visita de la comisión semestral de centros penitenciarios, el director del CIP planteó que las visitas no tenían apoyo técnico del Sename.
