SANTIAGO.- En el segundo semestre del año pasado, la oferta programática de la televisión abierta estuvo nutrida por dos programas que fueron grabados dentro de recintos penitenciarios: "Alerta Máxima", de Chilevisión, y "Nadie Está Libre", de Canal 13.
El primero buscó mostrar el trabajo de Gendarmería en "los peligrosos operativos en las cárceles", y el segundo pretendió que un grupo de "adolescentes rebeldes vuelvan al camino y reestablezcan los lazos con sus progenitores", haciéndoles vivir la experiencia penitenciaria, señala El Mercurio.
Sin embargo, las polémicas apuestas no se ajustaron a la ley: luego de ser requerida por la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), la Contraloría emitió ayer un dictamen que concluye que Gendarmería "no se ajustó a derecho al autorizar la grabación de los referidos programas de televisión". Es decir, la institución y los canales faltaron a la ley estando dentro de la cárcel.
Gendarmería explicó que, en el caso de Canal 13, se le autorizó en abril del año pasado a ingresar a los recintos penales a realizar el programa con jóvenes mayores de 18 años, lo que consideró "la participación de funcionarios de la institución e internos condenados que acepten voluntariamente participar".
En el caso de Chilevisión, el 4 de agosto se permitió que un equipo del canal siguiera al personal carcelario, contemplándose "entrevistas a internos que voluntariamente accedan a dar sus testimonios".
Pero la Contraloría detectó que "se mostraron imágenes de internos que al parecer no querían ser filmados, así como del interior de los recintos y de algunas actividades privadas realizadas por aquellos; se dieron a conocer antecedentes penitenciarios de reclusos; efectuándose una constante mofa de estos".
Además, dice que todo ello ocurrió "sin que conste la existencia del pertinente consentimiento de los afectados y sin haberse adoptado los resguardos para proteger la privacidad y la honra de la población penal".
La institución fiscalizadora agrega que no existe fundamento para haber permitido "el ingreso de personas a los establecimientos carcelarios, a fin de que convivieran por un determinado tiempo con los reclusos", y que "la distracción de recursos humanos y materiales en las antedichas actividades, además de ser jurídicamente improcedente, podría poner en riesgo el cumplimiento de las funciones propias de la institución".
Dignidad de los reos
Los convenios con los canales fueron firmados por la anterior dirección de Gendarmería, liderada en ese entonces por Tulio Arce. Consultada sobre el tema, la dirección actual afirmó que es su política "no autorizar ningún tipo de acciones de comunicación al interior de los recintos penitenciarios que vulneren la dignidad de las personas privadas de libertad y que distraigan al personal de sus labores", y que "las personas que sientan vulnerados sus derechos pueden adoptar las acciones legales que estimen convenientes".
Consultado por este diario, Chilevisión no quiso referirse al tema. En Canal 13 dijeron que grabaron “con todas las autorizaciones pertinentes y respetando las condiciones solicitadas”. Y además, que el equipo "tiene experiencia en el tratamiento de estos temas y hemos mostrado cómo desde la cárcel pueden salir reflexiones hacia la sociedad, a partir del diálogo y encuentro de diversas realidades".
Una de las organizaciones que solicitó el pronunciamiento de Contraloría fue Chile Transparente, cuyo director ejecutivo, Alberto Precht, celebró el dictamen. "Se hace cargo de la protección de la integridad y dignidad de los internos y gendarmes, y del mal uso que hubo de los recursos públicos, que no son para hacer estos reality shows".
Además, añade que "esto debe ser un fuerte llamado a la reflexión de los medios de comunicación, porque no debió haber ocurrido. El mundo privado debe entender que no se puede hacer todo por el rating".
En el dictamen, y consultada por Contraloría, la Subsecretaría de Justicia dice que en su momento le planteó a Gendarmería su disconformidad con las grabaciones. Pero fuentes de Canal 13 afirman que la entonces ministra del ramo, Javiera Blanco, visitó el canal y aprobó el proyecto.
