Jonathan Mancilla, El Mercurio
SANTIAGO.- El pasado viernes terminó en Santiago la ronda de interrogatorios iniciada en la víspera por el fiscal
Marcelo Carrasco, quien dirige la investigación por la
venta de propiedades que el Partido Comunista (PC) realizó -mediante su Inmobiliaria Araucaria SpA- a Inversiones Progreso SpA, del militante de sus filas Ricardo Castro, en octubre de 2016.
Hasta el edificio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ubicado en el Centro de Justicia, llegó ese día Ricardo Solé, administrador de Progreso y miembro del comité central del PC, cuando este último vendió sus acciones de Araucaria -administradora de los 101 departamentos- por alrededor de $3.000 millones. La diligencia se desarrolló por la tarde.
Desde la propia colectividad han dicho que la venta fue para ajustarse a la nueva Ley de Partidos Políticos, que obliga a usar al menos dos tercios de los bienes en fines propios de la actividad partidaria. Sin embargo, el hecho de que el comprador fuese una sociedad creada por militantes y que el valor pactado fuese similar al avalúo fiscal y no al precio comercial, que según la empresa Valued Tasaciones pudo alcanzar los $8.000 millones, puso en tela de juicio la transacción.
Antes que Solé, temprano el viernes, compareció Pablo González. El ingeniero -que no milita en el PC- constituyó junto con Ricardo Castro la sociedad Progreso solo un mes antes de materializarse la operación comercial. Un día antes declaró el presidente del partido, Guillermo Teillier, en la mañana, y Castro, por la tarde.
