SANTIAGO.- "Por última vez me refiero al decreto que creó separó y fusionó 101 cargos de notarios y conservadores de Bienes Raíces".
Con estas palabras el ministro de Justicia,
Jaime Campos, inició una nueva defensa de la medida a través de una carta a
El Mercurio, diez días después de su última intervención.
Se trata de una respuesta al presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Alfredo Martin, que por la misma vía denunció falta de estudios previos a la decisión.
"Es tan evidente la falta de antecedentes que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por unanimidad, concluyó que se deben adoptar las medidas para que en lo sucesivo la propuesta de nuevos cargos esté respaldada en estudios completos", aseguró.
A su juicio, el decreto "no cumplió con las exigencias técnicas esperables en una política de Estado".
Al respecto, el ministro Campos acusó que Martin "insiste en señalar que el indicado decreto es ilegal y arbitrario", cuando "tal argumentación ya fue rechazada por las cortes de Apelaciones, Corte Suprema, la Contraloría General de la República y la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados".
"Reiterar esa opinión carece de pertinencia y relevancia jurídica, a no ser que se busque sustentar política y mediáticamente una polémica que está zanjada", afirmó el ministro.
Además, deslizó que existe interés por parte de la asociación de "mantener el statu quo" y evitar "efectuar una completa transformación al sistema registral chileno y a los procedimientos de designación de cargos".
"Resulta inquietante constatar que, según sus dichos, habiendo tenido un diálogo tan fluido y con tanta altura de miras con mis antecesores, durante 28 años no hubiesen avanzado en las modificaciones pertinentes. Que cada cual saque sus propias conclusiones", añadió, drástico.
El ministro agregó que aunque siempre ha buscado mantener relaciones "respetuosas y constructivas" con quienes lo rodean, "ellos nunca me ha obligado ni obligará a permanecer cautivo de los grupos de interés o presión".
A su juicio, tras el decreto lo que falta resolver es "avanzar en al determinación de un nuevo arancel (de los oficios), a objeto de que sea más transparente y barato a los usuarios".
"No creo que constituya una mala política pública el propender a un servició más rápido, competitivo, cercano, diáfano y módico para la gente, salvo que tenga beneficios personales involucrados, lo que no es mi caso", finalizó el ministro.
