SANTIAGO.- "Yo vi el documento, estaba firmado, faltaban algunos pasos más. No sé qué pasó entre medio, habría que preguntárselo a quienes tengan la respuesta final de esto", dijo ayer la ex subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries, dando cuenta de la existencia de la orden que la ex Presidenta Michelle Bachelet dio sobre el penal de Punta Peuco.
La idea de la ex Mandataria era redestinar a Colina 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad que permanecían en esa cárcel, logrando así el cierre simbólico del recinto. De esa forma, cumpliría su promesa de "poner fin a los privilegios" de los condenados por violación de los DD.HH., algo que mantuvo en suspenso hasta la última semana de su mandato.
Sin embargo, aquello no ocurrió y los motivos aún están bajo un manto de dudas. Pese a que Fries aseguró que la ex jefa de Estado firmó la orden, los dardos se dirigieron hacia el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien aseguró que dicho documento nunca llegó hasta su despacho.
"Yo no he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre de Punta Peuco", dijo ayer el ex secretario de Estado, respondiendo a las críticas por su presunta negativa a suscribir el traslado de algunos presos emblemáticos, como el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán y el ex agente de la Dina, Miguel Krassnoff.
El hecho es que el asunto complicó el cierre de la administración de Bachelet y está empañando el inicio de la defensa del legado de la ex jefa de Estado, quien una vez que entregó el poder a su sucesor, Sebastián Piñera, llamó a sus cercanos a rearmarse para defender los avances de su gestión e intentar que la centroizquierda vuelva al poder.
No obstante, el incumplimiento de su promesa tensionó aún más a las fuerzas del sector, complicando sus primeras horas fuera del Gobierno. Ayer, tras la primera cita de coordinación del bloque progresista integrado por el PS, PPD y el PR, las críticas no se hicieron esperar.
"Entendemos que esto debió haberse hecho antes. No era una tarea para los últimos días de gobierno. A nosotros como partido no se nos preguntó la opinión", dijo ayer el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, lamentando la polémica generada por el tema.
En tanto, el líder del Partido Radical, Ernesto Velasco, afirmó que "siempre dijimos que el penal Punta Peuco se debía cerrar pero evidentemente no al final de un gobierno, se tenía que cerrar en el momento y forma en que correspondía".
Asimismo, recalcó que "en un tema tan relevante como este no se puede opinar sobre supuestos. Yo creo que sería bueno que las personas que son parte del ex gobierno de la Presidenta Bachelet, en forma mucho más formal precisaran el punto (…) Sería mucho más importante que se pusieran de acuerdo y dieran una sola versión", dijo.
Las consecuencias por Toledo
Este lunes, el ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, renunció a la postulación de notario de San Fernando, luego de la polémica que se generó cuando se supo que el propio Campos retiró el nombramiento previo del defensor público de O'Higgins, Alberto Ortega, del trámite de toma de razón en la Contraloría para asignarle el cupo al ex persecutor.
Ante las dudas sobre si él había tomado esa determinación, el ex secretario de Estado respondió que “sí, es verdad. Y eso es problema mí (…) efectivamente, yo envié el día viernes un decreto y lo retiré el lunes en la mañana. ¿Y por qué lo hice? Porque estaba dentro de mis facultades para hacerlo", dijo, descartando presiones desde Presidencia.
El episodio dejó abierta la puerta para que el ahora oficialismo evalúe una eventual acusación constitucional en su contra, agregando una nueva arista que empaña la despedida de Bachelet. "Nosotros no vamos a renunciar a ninguna acción de fiscalización", dijo al respecto el nuevo jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya.
De hecho, la bancada de la UDI solicitó a la Cámara de Diputados una sesión especial para esta jornada en la que se invitó al ex ministro para que explique el caso.
"A partir de lo complejo y oscuro de tal designación, exige de las autoridades llamadas a fiscalizar los actos del gobierno, una gestión rápida y eficaz con el objetivo de esclarecer las circunstancias de esta designación y si tras ella se esconden ilegítimos intereses que se apartan del correcto funcionamiento de los organismos de gobierno", señala la solicitud.
Asimismo, anunciaron que estudiarán otras acciones legales. "No descartamos recurrir a la Contraloría. Pensamos que también hay plazos legales que todavía se pueden prestar para hacer algunas acciones frente al ministro Campos, incluso aunque haya cesado del cargo, como es una acusación constitucional", señaló Macaya.
