El proyecto de ley fue uno de los últimos que Michelle Bachelet dejó como herencia para su sucesor, Sebastián Piñera.
EFE.
SANTIAGO.- A cinco días de que finalizara su gobierno, la ex Presidenta Michelle Bachelet decidió enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca entregar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura y que fueron reconocidas por el Estado en las comisiones Valech 1 y 2.
El texto firmado por la ex jefa de Estado establecía que para poder entregar el beneficio se necesitaban $91.000 millones para cubrir los tres años de vigencia del beneficio. La idea era realizar el pago de $3.000.000, en tres cuotas de $1.000.000 cada una, a las cerca de 30.000 personas que estaban en condiciones de recibir el pago.
"Considerando que casi la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos reconocidas por las comisiones de verdad, ya mencionadas, tienen 70 años o más, es relevante que el Estado proteja, en la medida de sus posibilidades, el derecho a una indemnización justa y adecuada para víctimas de prisión política y tortura", señalaba el proyecto.
No obstante, el texto advertía que "entendemos que los horrores, dolores y pérdidas de las víctimas y sus familias no se solucionan con aportes en dinero. La verdad, la justicia, la reparación y la memoria son lo que las agrupaciones de ex presos políticos piden, y ello abarca más aspectos que un aporte monetario de carácter reparatorio".
"Por lo anterior, el Estado de Chile deberá seguir trabajando en el desarrollo de políticas y programas que avancen en esta línea, para lograr una verdadera reconciliación nacional, con nuestra historia y quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos", se lee en el proyecto.
La decisión de Piñera que abrió la polémica
Si bien la iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ya había advertido que no existen los recursos para poder financiarlo y que sería necesario realizar un estudio para saber su existía la capacidad fiscal para poder sostenerlo.
"Estamos hablando de un gasto mayor que no está previsto en la Ley de Presupuesto, entonces de dónde se saca. El esfuerzo que ha hecho este Gobierno para aumentar la subvención del Sename es la décima parte de esto (…) no es cosa decir por buena voluntad y simpatía 'sí vamos para delante'", explicó Larraín la semana pasada.
Sin embargo, el secretario de Estado no esperó ningún estudio y el Gobierno decidió retirar la iniciativa sin dar previo aviso a la oposición, generando el inmediato rechazo por parte de la oposición.
Fue en ese contexto en el que el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, celebró la determinación, que a su juicio dejaría a las víctimas de violaciones a los DD.HH. como "terroristas con aguinaldo", lo cual provocó el repudio de los parlamentarios de centroizquierda, quienes abandonaron la sala en señal de protesta por sus dichos.
