SANTIAGO.- El pronunciamiento de la Contraloría que declaró que no se "ajustaba a derecho" el protocolo de aborto, por plantear que "instituciones privadas" con "convenios con el Estado" pueden acogerse a la objeción de conciencia, le causó un fuerte revés al gobierno de Sebastián Piñera, que recién asumido en funciones había impulsado esta modificación.
Sin embargo, este dictamen no es la primera controversia que se genera por este reglamento que regula la aplicación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Desde que se promulgó esta legislación, previo paso por el Tribunal Constitucional, el protocolo ha tenido un accidentado camino para su puesta en marcha.
Y no se puede obviar, ya que la legislación mandata su existencia, el cual debe ser elaborado por el Ministerio de Salud para luego ser visado por la Contraloría.
Críticas por postergación y falta de debate
Los problemas partieron durante el gobierno de Michelle Bachelet. Aunque la ley de interrupción fue promulgada el 14 de septiembre de 2017, recién el 21 de diciembre de ese año, al filo del plazo legal, pues estaban por expirar los 90 días de plazo, se despacha el protocolo al órgano contralor para su control de legalidad.
La
demora había generado críticas desde todos los sectores, incluso desde la Nueva Mayoría, entonces coalición oficialista. Además, ya enviado el documento, diputados de la comisión de Salud criticaron que se haya redactado sin consulta pública.
La diputada Marcela Hernando (PRSD), que recientemente fue la encargada de interpelar al actual titular de Salud, acusó que "ya hemos visto en varias ocasiones que distintos ministerios intentan cambiar el espíritu de la ley con los reglamentos. Nosotros, como comisión, vamos a revisar lo que salga de Contraloría y si hay que hacer cambios, los vamos a exigir".
Rechazo de la Universidad Católica
Posteriormente, el 6 de febrero de este año, la Contraloría aprueba el reglamento, pero estalla otra polémica. La Universidad Católica presenta en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el protocolo, porque impedía a los prestadores de salud privados con convenios del Estado, como otorgar prestaciones ginecológicas y obstétricas, invocar la objeción de conciencia.
A juicio de la casa de estudios, con dicha resolución, se vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de asociación y el derecho de propiedad. Además, la casa de estudios interpuso una orden de no innovar para que su aplicación fuera suspendida hasta que el tribunal de alzada capitalino decidiera si acogía o no el recurso.
Así, mientras el futuro del protocolo estaba en manos de la Justicia, llegó marzo. Ante ello, el nuevo gobierno realizó las modificaciones que permitía la objeción de conciencia para instituciones hospitalarias privadas como la de la Red de Salud de la UC, logrando que ésta desactivara la acción judicial.
Paralelamente, la Clínica Alemana de Osorno se transformó en la primera institución de salud privada en paralizar la opción de hacer abortos en sus instalaciones. Esto ocurrió luego de que la Corte de Apelaciones acogiera a trámite el recurso interpuesto en contra del Minsal.
Interpelación y un caído
En medio de la polémica, la ahora oposición acusó al gobierno de intentar torcer la ley por reglamento. Pidió el pronunciamiento de la Contraloría y reunió las firmas necesarias para interpelar al ministro Santelices.
En el Parlamento, la autoridad defendió los cambios al decreto. Previamente admitió que no se le informó de ello al Presidente Sebastián Piñera que, según trascendidos, se molestó por este hecho. Días después dejó su cargo el jefe de gabinete de Salud, Mario Villalobos.
Y hoy vino el pronunciamiento de la Contraloría, la cual señaló que el protocolo aprobado por este Gobierno, regula aspectos no contemplados en la ley, "lo mismo se observa respecto del protocolo anterior", aprobado en la administración Bachelet.
El pronunciamiento del órgano dejó en una débil posición al ministro Santelices, que se encontraba volando a Santiago desde la Isla de Pascua cuando se conoció el dictamen. El Frente Amplio pidió su renuncia, decidió cancelar su presencia en la mesa de trabajo de Salud convocada por el Ejecutivo y no descartó la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra. Además, el dictamen obligó al Gobierno a anunciar un nuevo reglamento. Eso. Por ahora.
