SANTIAGO.- Colaborar en la solución de los principales nudos críticos del sistema residencial del Servicio Nacional de Menores. Ese fue el objetivo que le asignó en septiembre de 2013, ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, la entonces ministra de Justicia, Patricia Pérez, al programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar), que había sido puesto en marcha durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Casi cinco años después, la iniciativa tiene en la polémica a los sucesores de Pérez, los ex ministros de Justicia de Michelle Bachelet, Javiera Blanco y José Antonio Gómez, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación por presunto fraude al fisco, que lidera el fiscal Marcos Emilfork y que busca determinar si hubo irregularidades en su ejecución.
En la exposición, la ex ministra Pérez le asignó al programa funciones como recopilar y analizar información respecto al sistema residencial, aplicar instrumentos para evaluar calidad, dar seguimiento a los casos, implementar acciones inmediatas, generar un nuevo modelo de supervisión y monitoreo, y crear un sistema de consulta continuo con los niños, niñas y adolescentes.
"A eso tienen que apuntar los esfuerzos: a que los niños tengan una calidad de vida digna y las mejores opciones para rehabilitarse", dijo en la oportunidad la presidenta de la comisión, María Angélica Cristi (UDI) .
El Ascar de Gómez
Un año después de esa exposición, el nuevo ministro de Justicia, José Antonio Gómez, inauguraba un ciclo de capacitaciones y diálogos sobre prevención de abuso sexual en la infancia, que buscaba formar a tres mil profesionales que trabajaban con niños.
"Mi preocupación es el día de hoy. En la medida en que salvemos a un niño, nuestra tarea es un éxito", dijo el entonces secretario de Estado. Los diálogos ciudadanos y las charlas de capacitación fueron la tónica que el nuevo gobierno le dio al programa que heredó de la administración anterior.
$400 millones objetados por Contraloría en honorarios
Un mes más tarde, Gómez iniciaba una "serie de encuentros en el mundo académico para abordar la prevención del abuso sexual infantil". El lugar escogido fue la Universidad de Las Américas, y en el evento lo acompañó la rectora de la casa de estudios, Pilar Armanet (PPD).
La actividad se realizó como una mesa redonda, llamada "Rol de los futuros profesionales, en relación a la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en situaciones de abuso sexual".
Los conversatorios fueron, también, una de las dinámicas que observó la Contraloría, que hace un mes inició un sumario en la subsecretaría de Justicia.
El organismo detectó irregularidades tales como el pago de honorarios por más de $3 mil millones, de los cuales se revisó casi la mitad y fueron objetados cerca de $400 millones por no constar la entrega del producto, o porque las labores ejecutadas no decían relación con el programa.
Contrataciones dudosas
La moderadora del conversatorio en la UDLA fue Ana María Gazmuri, que fue presentada como "embajadora del tema" y que realizó cerca de 40 charlas durante el tiempo en que trabajó para Ascar.
La contratación de la directora ejecutiva de la Fundación Daya fue visada, a través de sus asesores, por el propio ministro Gómez, y recibió poco más de $17 millones por cumplir el rol de "terapeuta", como constaba en su descripción de funciones.
"No fui contratada como terapeuta, esa es la definición de mis capacitaciones en el contrato. Más bien mi rol era de comunicadora", dijo a T13 la actriz.
En el reportaje, emitido el domingo por T13, se le preguntó si no se planteó que su contratación hubiera sido una manera de pagar una "devuelta de mano" por haber participado activamente de la campaña presidencial de José Antonio Gómez en 2013.
"Dificulto que haya sido así, porque es algo que jamás hubiera solicitado, no es algo que yo necesitara (...) Más bien encontré que era un reconocimiento a lo que yo podía aportar en esa área", respondió Gazmuri.
Otra contratación que se encuentra en la mira es la de Franklin Ceballos, ex funcionario del ministerio y licenciado en Teología, quien fue reclutado para Ascar tras un almuerzo en el que participó la ex ministra Javiera Blanco. Ceballos admitió haber recibido más de $5 millones por funciones no realizadas.
La investigación, que lleva un año, cuenta con las declaraciones de 130 de los 150 funcionarios que trabajaron en el programa y tiene a un solo imputado: Javier Lagos, quien fuera jefe de la unidad de Ascar y que hoy sigue desempeñándose como funcionario del Ministerio de Justicia.
