Rector UC por reglamento de aborto en tres causales: "La Contraloría no es la ley"

Ignacio Sánchez aseguró que si el órgano contralor valida el nuevo reglamento de la ley, es muy posible que vuelvan a recurrir de protección. Además, dijo que el Gobierno no mantuvo su postura inicial para evitarse otro conflicto administrativo.

11 de Julio de 2018 | 11:48 | Por Equipo Actualidad, Emol
El Mercurio
SANTIAGO.- "La Contraloría no es la ley, aquí se está hablando de un reglamento y no de la ley. El reglamento está interpretando la ley y a nosotros nos parece que la está interpretando mal, porque la ley está diciendo que esto no es una excepción sino que es un derecho".

Así manifestó el rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, su postura frente al nuevo reglamento de la ley de aborto en tres causales, que impide a las entidades que se declaren objetoras de conciencia recibir fondos del Estado.

En entrevista con Radio Universo, dijo que "estamos velando por la salud de las personas y eso es lo que vamos a llevar adelante. Si es que es un recurso de protección, lo haremos; si es que hay presentación de parlamentarios al Tribunal Constitucional, veremos qué es lo que dice el tribunal sobre este reglamento que ha sido adaptado a lo que dice Contraloría".

Sánchez dirigió sus críticas al órgano contralor y a la actitud de La Moneda: "La Contraloría puso unas reglas extremadamente acotadas en su interpretación de cómo la ley tenía que interpretarse y me parece que el Gobierno no quiso tener otro conflicto".

"Venía saliendo de una acusación constitucional el ministro, por lo tanto, entiendo que el Gobierno ha actuado para no tener un conflicto administrativo", aseguró. "El Gobierno está esperando la respuesta de Contraloría para ver que harán las instituciones y los parlamentarios".

Sánchez agregó que el nuevo reglamento afecta más a las personas que a las instituciones, resaltando el impacto que tendría para la red de centros de atención familiar de la UC que también entregan atenciones ginecológicas en La Pintana y Puente Alto.

Dijo que se trata de un convenio de más de 15 años que beneficia a 65.000 personas, de las cuales el 20% son prestaciones ginecológicas.

Agregó que hasta ahora no han tenido ningún requerimiento para aplicar la ley de interrupción voluntaria del embarazado en tres causales en estos centros. Ninguno desde septiembre del 2017, cuando esta norma entró en vigencia.
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