SANTIAGO.- La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acudió hoy al Tribunal Constitucional (TC) para presentar un requerimiento contra el protocolo de objeción de conciencia elaborado por el Gobierno para el aborto en tres causales.
De acuerdo al reglamento publicado en el Diario Oficial hace ocho días, quedan excluidas las instituciones de salud privadas que reciban aportes del fisco para atenciones de obstetricia y ginecología.
"El Estado pone de rodillas, chantajea y obliga a hacer cosas que no corresponde", afirmó la senadora tras presentar el requerimiento firmado también por senadores de RN, acusando además una "actitud completamente totalitaria", pues el Estado "lo que está haciendo es correr la barrera del límite en la intromisión de los privados".
"Estamos defendiendo que la ley se aplique dentro de los marcos que la Constitución regula y que no obliguen a las personas. Si el Estado te puede obligar, solo por dar plata, a hacer cosas con las que no estás de acuerdo, empezamos a abrir puertas que difícilmente se pueden cerrar", agregó.
La senadora también respondió a quienes la acusan de vulnerar los derechos a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como exponen organizaciones pro aborto: "Los respetamos absolutamente, pero los derechos de uno terminan donde comienzan los de otros. Creemos en el derecho del que está por nacer y por eso votamos en contra" (del proyecto), recordó.
Además apuntó contra el contralor Jorge Bermúdez, a quien acusa de excederse en sus funciones. "Lo que no puede hacer es cambiarla mañosamente a través de interpretaciones, generando y vulnerando derechos".
"El Estado pone de rodillas, chantajea y obliga a hacer cosas que no corresponde"
Jacqueline van Rysselberghe
La Contraloría aprobó el último reglamento que presentó el Ministerio de Salud, tras establecer que se resolvieron las observaciones que formuló a los cambios que introdujo el propio titular de la cartera, Emilio Santelices, al que ya existía y que "no se ajustaban a derecho".
El reglamento de la Ley de Aborto en tres causales comenzará a regir el próximo 7 de noviembre, y establece la forma en la que personas e instituciones pueden negarse a interrumpir embarazos.
En el caso de los establecimientos con convenio DFL 36 "no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón".
